La Comisión Europea es consciente de que las probabilidades de una salida caótica del Reino Unido de la Unión Europea se han multiplicado. Pese a las tres semanas adicionales -al menos hasta el 12 de abril- concedidas por los Veintisiete en la cumbre europea del pasado jueves, la primera ministra británica, Theresa May, sigue sin contar con los apoyos necesarios para ratificar el acuerdo de salida y en Bruselas ultiman ya los preparativos para el peor de los escenarios posibles: un divorcio a las malas a partir del 12 de abril.

«No queremos un brexit sin acuerdo pero, si tiene que ocurrir, que sea rápido», reivindica un alto cargo europeo, convencido de que llegados a este punto lo mejor es pasar el mal trago cuanto antes y terminar con rapidez con la agonía en la que se han convertido las negociaciones. «Es como cuando tienes que quitarte una escayola, se puede hacer muy despacio y dolerá durante un tiempo, o se puede quitar muy rápido y de golpe», explica gráficamente.

De salir sin acuerdo, el Reino Unido se convertirá de la noche a la mañana en un país tercero, sin derecho a ningún periodo de transición, sujeto a las normas de la Organización Mundial del Comercio, a los controles aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, sin derecho a subvenciones europeas ni a participar en procedimientos de contratación de la UE. Un escenario que generará «importantes retrasos en los pasos fronterizos» e «importantes perturbaciones» para ciudadanos y empresas. Por ejemplo, los británicos que deseen entrar en la UE para una estancia corta -de 90 días máximo en un periodo de 180- tendrán que hacerlo por la cola de los ciudadanos de terceros países, podrán ser cuestionados por el motivo de su viaje y por sus medios de subsistencia. La Unión Europea ya está preparada para los cambios que vienen. El Consejo y el Parlamento solo tienen dos propuestas pendientes: una sobre visados posbrexit, que permanece bloqueada en la Eurocámara por la inclusión de una mención de Gibraltar como colonia británica, y otra sobre el presupuesto y los pagos que deberá hacer el Reino Unido para cumplir con sus obligaciones y compromisos.