Y ahora, Cuba. A las profundas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump se le suma un nuevo eje. Washington anunció ayer que, a partir del 1 de mayo, los ciudadanos estadounidenses, incluyendo cubanos nacionalizados, podrán presentar demandas en su país contra compañías que hacen negocios en propiedades que fueron confiscadas tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Desde Bruselas se ha advertido de que la UE «se verá obligada a usar todos los medios a su disposición» para responder a esa medida que se considera «contraria al derecho internacional», entre los que están una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), informa Silvia Martínez. La nueva política de EEUU fue anunciada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y detallada en un discurso que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ofreció en Miami para marcar el aniversario de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Lo que se ha decidido es «enviar una poderosa señal» y empezar a aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, que contempla la posibilidad de demandar en el sistema judicial estadounidense a las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba con propiedades expropiadas por la revolución cubana. Según cálculos del Departamento de Justicia, 5.913 demandantes tienen casos potenciales y el valor estimado de sus reclamaciones, con intereses, alcanza los 8.500 millones de dólares.

LA LEY HELMS-BURTON / Bill Clinton acordó una prórroga para no aplicar el Título III tras negociar con los europeos (que retiraron una demanda presentada ante la OMC) y los canadienses, y todas las Administraciones desde entonces habían ido aprobando prórrogas cada seis meses. La Administración Trump, en cambio, ha decidido seguir otro camino. Ya en enero, Pompeo, acortó la prórroga, primero limitándola a solo 45 días, luego a 30 y finamente a 15. La última expira el 1 de mayo, que es cuando quedarán abiertas las puertas a las demandas, para las que la Administración dice que no hará «niguna excepción». Además, se va a empezar a aplicar también el Título IV de la Helms-Burton, que permite a Washington denegar o retirar visados a quienes se hayan beneficiado financieramente desde 1996 de las propiedades confiscadas.

En las últimas semanas, representantes de la Unión Europa y de gobiernos de países potencialmente afectados como España, con fuerte presencia en el sector hostelero privado cubano con compañías como Meliá, NH, Iberostar o Barceló, han estado intentando convencer a Washington de que no dé el paso, aparentemente sin éxito. En Cuba hay también una gran implantación de empresas internacionales tanto de Europa como de Asia o de Canadá e Israel en otros sectores como el transporte o los servicios.

Tampoco parecen haber surtido efecto las amenazas directas de la UE. En una carta remitida el día 10 a Pompeo por parte de Federica Mogherini, alta representante de política exterior de Bruselas, y Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, se advirtió de posibles respuestas como la denuncia ante la OMC o las contrademandas. «La Unión Europea evaluará todas las posibilidades a su alcance para proteger sus intereses legítimos, incluidos sus derechos en la OMC y el estatuto de bloqueo de la UE», anunciaron ayer Mogherini y Malmström en una declaración conjunta.

La decisión de Trump se construye sobre varios elementos y uno importante es el electoral. Con una importante población de origen cubano en Florida, uno de los estados que se augura que volverá a ser clave en las presidenciales del 2020 en las que busca la reelección, corteja a una parte del voto de esa comunidad que reclama el endurecimiento de la política hacia Cuba. Washington quiere también presionar a Cuba para que deje de brindar apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.