La semana más crucial del ‘brexit’ ya está en marcha. En menos de veinticuatro horas la cámara de los comunes votará el acuerdo de divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido y lo hará con un mensaje muy claro del Tribunal de Justicia de la UE y argumentos políticos para aquellos que defienden la permanencia en el club: el divorcio es reversible y si Reino Unido quiere dar marcha atrás al proceso todavía está a tiempo de hacerlo.
"Cuando un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea como ha hecho el Reino Unido este Estado miembro es libre de revocar unilateralmente esta notificación", ha sentenciado la corte en pleno. Según los jueces, esta posibilidad existe ya que "el acuerdo no ha entrado en vigor" y el plazo de dos años a partir de la activación del artículo 50 del Tratado, y que se cumplirá el próximo 29 de marzo "no ha expirado".
Recomendación del abogado general
La corte avala así el dictamen publicado hace una semana por el abogado general del Tribunal, Manuel Campos Sánchez Bordona que determinó que el Reino Unido puede revocar el artículo 50 del Tratado, que regula la salida de un Estado miembro y fija un plazo de dos años para negociarla, que se cumplirá el 29 de marzo de 2019.
En la recomendación remitida a los jueces, el letrado apuntó que “el artículo 50 del Tratado admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión, hasta el momento en el que se concluya el acuerdo de retirada, siempre que la revocación se haya decidido de conformidad con las normas constitucionales del Estado miembro, se comunique de manera formal al Consejo Europeo y no suponga una práctica abusiva”.
También indicó que un Estado saliente debe poder cambiar decisión y que “condicionar la posibilidad de revocación a la adopción de una decisión unánime del Consejo Europeo sería incompatible con el artículo 50”. Es más, aumentaría el riesgo de que un país pueda salir de la UE en contra de su voluntad porque la decisión final escaparía de su control, soberanía y normas constitucionales. “Bastaría con que uno de los restantes 27 Estados miembros se opusiese a la revocación para que quedase frustrada la voluntad” del país que ha expresado la voluntad de permanecer, concluyó.
