Uno de los aspectos más relevantes de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump fue su poder para colocar a jueces en el Tribunal Supremo, donde sus dos nombramientos han creado una mayoría conservadora que hacía temer por el futuro de algunos derechos conquistados, especialmente el del aborto. Ayer, no obstante, en el primer caso ante este alto tribunal de mayoría conservadora sobre la cuestión, la agenda antiaborto y la de Trump sufrieron una importante derrota. Cuatro jueces progresistas y el presidente del Supremo, John Roberts, lograron una mayoría 5-4 para dictar sentencia contra una restrictiva ley de Luisiana del 2014. El derecho al aborto por ahora sobrevive en EEUU, aunque sigue llamado a ser uno de los elementos centrales de guerra cultural y política en el país y en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

La norma de Luisiana, que nunca llegó a aplicarse, pretendía establecer que los médicos que practican abortos debían tener derechos de admisión en hospitales cercanos. Ese requerimiento habría dejado todo el estado con solo un doctor y una clínica capaz de practicar interrupciones de embarazo.

Para declarar inconstitucional la ley ha sido fundamental el papel de Roberts, un conservador nombrado por George Bush, como ya lo fue hace un par de semanas en otra victoria progresista, cuando con su voto apoyó la expansión de las protecciones federales a trabajadores homosexuales y transgénero. En el caso de la ley de Luisiana, argumentó su voto en contra apelando a la doctrina stare decisis de respeto a los precedentes, pues hace cuatro años el Supremo ya tumbó una ley prácticamente idéntica de Tejas como inconstitucional, al considerar que era médicamente innecesaria y restringía considerablemente el acceso de las mujeres al aborto.

La decisión del Supremo fue aplaudida y celebrada por grupos que trabajan en derechos de las mujeres y desde el Partido Demócrata, pero se interpreta también como un recordatorio de la necesidad de proteger el derecho al aborto, reconocido desde el año 1973.

Pero no es el único varapalo dado a Trump. Porque la Fiscalía de Irán emitió ayer una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte de Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en un bombardeo ejecutado en enero en el aeropuerto de Bagdad. El fiscal de Teherán, Alí Qasimehr, detalló que fueron emitidas órdenes de arresto contra 36 personas, entre ellas Trump, por su papel en la muerte de Soleimani.