El Congreso de El Salvador aprobó el jueves una reforma legal mediante la que las medidas extraordinarias de seguridad adoptadas desde 2016 en las prisiones con pandilleros se vuelven permanentes, pese a que la ONU las considera inhumanas.
El decreto legislativo, aprobado con 71 votos de 84 diputados, establece que la permanencia del recrudecimiento del régimen de seguridad en las prisiones se basa en los resultados favorables como la reducción de los índices de homicidios y de otros delitos que se cometían por órdenes de líderes de pandillas encarcelados.
"Continúa siendo necesario contar con esta clase de medidas" para "asegurar la eficacia del régimen penitenciario y el de proteger a la población de la criminalidad", reza el documento.
Tales medidas, implementadas a iniciativa del Gobierno, dan la potestad a los directores de los centros penales comunes de declarar un estado de emergencia, con el que se suspenden las visitas y los reos son llevados a un encierro permanente hasta por 60 días seguidos.
Los diputados también establecieron la creación de centros de seguridad y de máxima seguridad. En estos últimos serán recluidos los procesados o condenados altamente peligrosos, quienes tendrán prohibidas las visitas y permanecerán encerrados en sus celdas.
Encierro permamente
Estas medidas se aplicaron inicialmente en las prisiones salvadoreñas con reos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, pero en la reforma aprobada no se hace distinción, por lo que son aplicables a todas las cárceles.
La suspensión de las visitas y el encierro permanente de los reos han sido objeto de crítica en diversas ocasiones por organizaciones sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las Naciones Unidas.
Al convertir las medidas extraordinarias en un régimen permanente los diputados dieron un portazo a la petición del ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien había pedido poner fin a esta política.
Tras finalizar una visita al país centroamericano en noviembre de 2017, Zeid advirtió de que esas medidas "han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas"
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, pidió en febrero pasado revisar dichas medidas por el incremento del 292 por ciento de las muertes entre reclusos por desnutrición severa y enfermedades como la tuberculosis.
El Ejecutivo salvadoreño, que preside el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén, atribuye al endurecimiento de la política penitenciaria la reducción del 20,7 por ciento de los asesinatos en 2016 y del 25 por ciento en 2017.
