Los tribunales de Bolonia y Florencia han sentenciado contra una ley aprobada por el Parlamento, presentada por Matteo Salvini, titular de Interior y vicepresidente del Gobierno, que prohíbe inscribir a los inmigrantes peticionarios de asilo en el registro civil de la ciudad. En sus sentencias consideran que, por encima de las leyes, hay normas superiores, como la Constitución.
La medida es temporal, para el tiempo que dure el expediente de la solicitud, pero permite que las personas interesadas puedan acceder a los servicios básicos, como prevé la Constitución, como la escuela, sanidad y trabajo. Sin embargo, con la ley en vigor, conocida como 'decreto seguridad', una vez presentada la petición de asilo, el inmigrado se encuentra con el solo documento de la solicitud, pero en la calle porque para acceder a los servicios básicos debería estar también inscrito en el padrón municipal.
El decreto también suprime oficialmente los centros de acogida para peticionarios de asilo, en los que se insertaba a los interesados en un recorrido de integación que comprendía el estudio del italiano, la asistencia médica y legal y la posibilidad para sus hijos de frecuentar la escuela. Muchos de estos centros, entre ellos el de los jesuitas, considerado uno de los más impotantes y organizados, están también desobedeciendo a la norma.
DESOBEDIENCIA
El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, ya había anunciado que desobedecería la ley, ordenando al ayuntamiento que registre a todos los peticionarios de asilo. Lo mismo están haciendo otros alcaldes, como el de Florencia, mientras que la asociación de abogados callejeros que atiende a los sin techo ha invitado a todos los peticionarios de asilo a presentarse a los ayuntamientos.
"Se trata de una sentencia vergonzosa contra la que presentaremos recurso, ha reacionado Salvini, aconsejando a los magistrados que si algún juez quiere hacer política y cambiar las leyes para ayudar a los inmigrados, abandone el tribunal y se presente candidato para la izquierda. Le ha respondido el alcalde de Bolonia, Virginio Merola, afirmando que la norma es ilegítima y la magistratura independiente y que, de querer oponerse, un ministro presenta recurso y no amenaza a los jueces de ser parciales. Merola ha añadido polémicamente que Salvini escriba mejor sus medidas en lugar de hacer propaganda.
El órgano ejecutivo de la asociación nacional de magistrados (ANM) ha replicado que los jueces asumen sus decisiones aplicando las leyes y, aún considerando que es legítimo comentar y criticar las decisones judiciales, las declaraciones del ministro deslegitiman a la magistratura porque, de una manera totalmente infundada, aluden al hecho de que las sentencias puedan estar influidas por evaluaciones políticas.
La jueza Matilde Betti ha comentado que la interpretación (que hacen las sentencias) ofrece una lectura coherente de la ley con las normas constitucionales y comuntarias, que de otro modo sería difícil de apoyar. La jueza añade que sin un documento de identidad, es difícil no solo contar con un médico, sino también sacar el carné de conducir, abrir una cuenta bancaria y por lo tanto trabajar.
EL TRASFONDO DE LAS PENSIONES
Los documentos los doy a quien se lo merece, los demás vuelvan a sus casas desde el primero hasta el último, ha espetado Salvini durante un mítin en Módena para las elecciones europeas. Ha añadido: Si estás aquí para dar batalla y vender droga, fuera!, no te necesitamos (...), lo digo incluso por respeto hacia tantos inmigrados regulares que pagan los impuestos, mandan a sus hijos a la escuela, sin que me interese si tienen la piel blanca, amarilla, negra, roja o verde. El ministro ha obviado que muchos de los actuales cinco millones de regulares que hay en Italia en su día fueron ilegales y obtuvieron los papeles para no serlo. Las cotizaciones e impuestos que pagan equivalen a 650.000 pensiones de italianos, según la Seguridad Social (INPS).
Nazzarena Zorzella y Antonio Mumolo, los abogados callejeros que defendían a los peticionarios de asilo que han obtenido las sentencias favorables, reconocen que en un momento en que se quiere dividir a los ciudadanos entre primera y segunda división, se trata de sentencias que dan certidumbre a los valores garantizados por nuestra Constitución. Añaden que habrá centenares de registros (a los ayuntamentos) y que ellos han pedido a sus 54 ventanillas nacionales que los abogados acompañen personalmente a los peticionarios de asilo al registro civil y en caso de rechazo presenten recurso.
