La dirigente social de origen indígena Milagro Sala comenzó a cumplir arresto domiciliario después de haber pasado más de un año en la cárcel sin que se le haya iniciado juicio. Sala se convirtió en una suerte de poder paralelo en la provincia norteña de Jujuy. Su fluida relación con el kirchnerismo le permitió a la Organización Barrial Túpac Amaru, manejar fondos, construir casas, escuelas, parques y un sorprendente centro recreativo con piscinas para los jujeños pobres.

El macrismo la convirtió en un símbolo de la violencia y la corrupción. Le llovieron las imputaciones judiciales con testigos de dudosa fiabilidad. Su caso llegó al Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presionaron para que Sala esperara los juicios en su contra en su casa. El Gobierno aceptó finalmente esos reclamos. La dirigente volvió a su hogar.

Pero antes, las autoridades colocaron en su interior colocaron cámaras de seguridad y alambres de púas, algo que nunca se hizo con los militares condenados por violaciones a los derechos humanos y que accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria. Lo primero que hizo Sala al llegar fue fotografiarse con una imagen del desaparecido Santiago Maldonado.