Con el arresto la noche del miércoles del vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Edgar Zambrano, mano derecha de Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro intenta enviar un mensaje a la oposición y a los países que le dan su apoyo: él es el ganador político del alzamiento del 30 de abril que su Gobierno califica de golpe de Estado. La detención de Zambrano mientras circulaba en coche por Caracas se difundió en los medios estatales como un signo de fortaleza de Maduro. El diputado opositor está en manos de la Policía política (Sebin), cuyo jefe, el general de división Manuel Figuera, fue destituido por su presunta implicación en los incidentes de la semana pasada. EEUU calificó ayer la detención de Zambrano de «ilegal» y advirtió de que si no es puesto en libertad «habrá consecuencias». También pidió su liberación la Unión Europea. En las últimas horas, otros dos diputados de la oposición, Mariela Magallanes y Richard Blanco, acusados de rebelión, se refugiaron en las embajadas de Italia y Argentina tras perder su inmunidad parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aliado de Maduro, ordenó la detención de más legisladores a los que acusa de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones.

El arresto de Zambrano se produjo después del encuentro que tuvieron en Moscú el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su colega venezolano, Jorge Arreaza, y cinco días antes de que el mismo Lavrov se reúna en Rusia con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

Guaidó, reconocido como presidente «encargado» de Venezuela por 54 países, advirtió ayer de que con estas medidas represivas el madurismo busca disolver el Congreso. Y recordó que desde el 2015, cuando la oposición tomó mediante el voto el control de la AN, el TSJ «ha sido el brazo ejecutor» del madurismo. «Veintinueve diputados han sido perseguidos y apresados por este tribunal ilegítimo, esto representa el 24% de los parlamentarios opositores al régimen». De ese grupo, «diez diputados han sido objeto de intento de violación» de su inmunidad en menos de 24 horas.

A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), creada hace dos años como contrapoder del Congreso, pidió revisar el fuero de los legisladores Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía. «Perseguir a los parlamentarios electos no hará que desaparezca la amenaza de fisura interna del régimen, tampoco detendrá la lucha en las calles por el cese definitivo de la usurpación», dijo Guaidó.

Además, Maduro expulsó y degradó además a 54 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusados de estar implicados en el golpe.