Pekín abrirá en Hong Kong una oficina para recoger y analizar información relativa a la seguridad nacional y el jefe ejecutivo de la excolonia podrá elegir a magistrados. Esas dos novedades están incluidas en un borrador de la ley de seguridad nacional que ha publicado este sábado la prensa oficial tras concluir la reunión de tres días de la cúpula del Partido Comunista. El escrito aclara que la nueva oficina servirá también para interpretar cómo se aplica la norma y que esta prevalecerá en caso de colisión con el cuerpo legislativo anterior. Los tribunales hongkoneses, añade, mantendrán su jurisdicción excepto cuando concurran ciertas circunstancias que no enumera.
La ley es una medida excepcional para unos tiempos excepcionales, después de meses de protestas violentas que instalaron el caos social en la excolonia y devastaron su economía. Contempla delitos como la subversión, el separatismo, el terrorismo y la injerencia extranjera y, según Pekín, preservará los derechos humanos tras la oleada violenta y solo perseguirá a la minoría vandálica.
PRESIÓN POPULAR
Hong Kong debería haberla dictado dos décadas atrás, según los acuerdos firmados tras la devolución británica a China, pero la presión popular lo había impedido. La reciente Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, aprobó un atajo que ha sido descrito por sus críticos como un torpedo a la fórmula un país, dos sistemas. Es probable que la ley se firme en las vísperas de las elecciones al Parlamento hongkonés, previstas en septiembre, y en las que el bando antigubernamental aspira a una inédita victoria.
La ley supone el enésimo choque entre las dos grandes potencias. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, afirmó el viernes que Washington dejará de considerar a Hong Kong como una ciudad autónoma, preparando el camino para privarla del estatus económico especial que disfruta. La medida sería catastrófica para una capital financiera que coquetea con la recesión. El Parlamento europeo votó la semana pasada a favor de llevar a Pekín ante el Tribunal Internacional de la Haya si aprueba finalmente la ley.
