El Parlamento libanés amplia el poder del Ejército en materia de seguridad y asuntos civiles. Con la prórroga del estado de emergencia en Beirut, la sociedad libanesa que lleva más de una semana limpiando y reconstruyendo sus calles ve la ley como una amenaza a las protestas. Tras las manifestaciones por la negligencia de la clase política que causó la explosión del pasado martes en el puerto de la capital, la dimisión en bloque del Gobierno del primer ministro e funciones Hasán Diab ha dejado al Líbano en manos del Parlamento. Ahora serán las fuerzas armadas quienes concentren el poder.
El estado de emergencia permite al Ejército frenar la libertad de expresión, de reunión y de prensa, así como entrar en las casas a cualquier hora del día y detener a cualquier persona que considere una amenaza a la seguridad. A su vez, se podrá juzgar a civiles en tribunales militares, imponer toques de queda o, incluso, censurar medios de comunicación. Solo el diputado Osama Saad entre los 119 miembros del Parlamento tras la renuncia de nueve diputados por la explosión- ha votado en contra de la ley considerándola una militarización del estado.
Varias organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación sobre el estado de emergencia, ya que permitiría a las fuerzas de seguridad tomar medidas contundentes contra una población furiosa con la clase política. Muchas llevan varios días denunciando la extralimitación en sus funciones de las fuerzas del orden y el uso de la violencia durante las protestas que el pasado sábado dejaron 728 heridos y un policía muerto. Según el presidente del Parlamento Nabih Berri en declaraciones a medios locales, el Ejército no ha tomado medidas que la gente tema, ni ha suprimido canales de televisión y pese al caos en los medios de comunicación, no los ha intervenido y ha dejado lugar a la protesta.
PRIMERA SESIÓN PARLAMENTARIA
La explosión en el puerto de Beirut que causó 171 muertos y más de 6.500 heridos avivó la rabia de una sociedad que llevaba en las calles desde octubre del 2019 y que ahora casi no tiene nada que perder. Las protestas reclaman el fin del sistema sectario y marchan contra una clase política corrupta e incompetente que les ha llevado a la peor crisis económica en años. Nueve días después de la catástrofe, la primera sesión parlamentaria, encabezada por Berri en funciones desde 1992-, ha decretado el estado de emergencia vigente desde el pasado miércoles. Berri, de 82 años, ha pedido acelerar la formación de gobierno, pero la ciudadanía exige su caída y las del presidente Michel Aoun, de 85 años, los diputados y los dirigentes perpetuados en el poder desde hace décadas.
Mientras beirutíes, jóvenes voluntarios y oenegés organizan la ayuda humanitaria inmediata, la investigación sobre la explosión continúa. A partir del viernes, el fiscal interrogará a varios ministros, antiguos y actuales, sobre las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto. El mes pasado una carta enviada por la seguridad del Estado advirtió al presidente Aoun y al ahora exprimer ministro Diab del riesgo del material químico. Más de una semana después, los lideres políticos empiezan a salir de sus escondites para recibir a los dirigentes extranjeros que visitan Beirut, como la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, y el número tres de la diplomacia estadounidense, David Hale.
