Emmanuel Macron empieza a mover ficha en el delicado dosier corso. Mes y medio después de la aplastante victoria electoral que llevó a los nacionalistas corsos a la mayoría absoluta en las instituciones de la isla francesa, el autonomista Giles Simeoni, presidente del Ejecutivo regional, y el independentista Jean-Guy Talamoni, al frente de la Asamblea corsa, viajan a París para reunirse con el primer ministro, Edouard Philippe.

El terreno del encuentro ha sido desbrozado por la visita que la ministra delegada para las colectividades territoriales, Jacqueline Gourault, bautizada como Madame Córcega, realizó a Ajaccio el 5 de enero. Ese primer contacto fue positivo. Sentó las bases del diálogo, abrió la puerta a una de las reivindicaciones clásicas de los nacionalistas -el acercamiento de presos a cárceles corsas- y ofreció la perspectiva de incluir una referencia a la especificidad de la isla en la revisión constitucional que Macron pretende lanzar este verano.

Pero el ambiente que presidió ese primer contacto podría ser algo más tenso mañana, lunes, en el Palacio de Matignon, cuando se entre en los detalles. El Gobierno tiene sus líneas rojas. Entre ellas, la cooficialidad de la lengua corsa. «La lengua de la República es el francés», ha recordado la ministra Gourault citando el artículo 2 de la Constitución. Otro aspecto sobre el que París no se ha pronunciado aún es el estatuto de autonomía de pleno derecho que los nacionalistas quieren lograr en diez años.

Simeoni y Talamoni acuden a París con la intención de exponer allí sus argumentos para abrir un diálogo «sin condiciones previas», aunque defienden su catálogo de reivindicaciones con firmeza apoyándose en la legitimidad del 56,5% de los votos logrados el pasado 10 de diciembre en los comicios.

Creen que, tras la renuncia a la lucha armada del FLNC (Frente de Liberación Nacional Corso) en el 2014, se ha entrado en una nueva fase que el Gobierno debería aprovechar para establecer un nuevo marco de relación. «[París] tiene la oportunidad de saldar un conflicto que ha envenenado la vida de todos los gobiernos durante 40 años y avanzar hacia unas relaciones pacíficas y constructivas», señala el presidente de la Asamblea corsa, que reclama al Estado «una señal positiva para abrir un diálogo sin tabús».

El primer gesto de buena voluntad que esperan los dirigentes corsos es que se acuerde el acercamiento de presos. Sobre el dosier trabaja ya la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, estudiando caso a caso y apoyándose en el «derecho común», lo que cierra definitivamente la puerta a una ley de amnistía.

PACTO GIRONDINO / El encuentro de mañana dará pistas de hasta dónde está dispuesto a llevar Macron el nuevo pacto girondino, esto es, descentralizador, prometido durante la campaña electoral. El presidente no es hostil a dotar a la isla de nuevas competencias, sobre todo ahora que Córcega ha fusionado sus antiguas divisiones administrativas para convertirse en una colectividad territorial única con más poder. Sin embargo, la lectura que hacen París y Ajaccio no es la misma. «El diálogo con Córcega no puede tener simplemente una dimensión técnica, administrativa, económica o institucional. El nivel adecuado es un marco político», advertía Simeoni en Le Figaro.

A los dirigentes nacionalistas les molesta el rechazo del Gobierno a negociar la cuestión lingüística o el silencio sobre la reclamación de una ley de amnistía sobre los presos que ellos consideran políticos. «Esperamos que el primer ministro tenga en cuenta nuestras reivindicaciones, que fueron validadas por un sufragio universal con una mayoría absoluta. Si París no lo hiciera, estaría negando la democracia», apunta Talamoni.