La denominada "Operación Limpieza" del Gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados en contra de la población civil que mantiene bloqueos en las carreteras como forma de protesta, ha dejado diez nuevas víctimas. Así lo ha denunciado la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado garantizar las vidas humanas.

Las "fuerzas combinadas", integrada por policías antidisturbios, fuezas parapoliciales y paramilitares, llevaron a cabo una ofensiva para retirar las barricadas en cinco ciudades del Pacífico nicaragüense. En el barrio Camilo Ortega, de la ciudad de Masaya, los enfrentamientos dejaron seis víctimas, cuatro de ellas policías antidisturbios, dijo Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de ANPDH, aunque la Policía Nacional aún no ha confirmado el fallecimiento de sus agentes.

En Diriá, municipio del departamento de Granada, las fuerzas combinadas sacaron por la fuerza de sus casas a padre e hijo, Almer y Allan Morales, y los ejecutaron. Otras dos personas murieron en el municipio de Catarina, incluida una niña de apenas 10 años que murió por falta de atención médica tras haber recibido un disparo. Según Leiva, además se registran "múltiples" heridos y 11 paramilitares fueron retenidos por la población civil.

Plan de cacería

El activista denunció luego que la Policía y los parapolicías tomaron por la fuerza el centro hospitalario departamental Masaya, negando la atención a las víctimas. La ciudad se mantuvo sitiada, por lo que no existió un "canal humanitario de evacuación" para trasladar los heridos a Managua, la capital que se encuentra a 28 kilómetro de distancia. Además, después de "neutralizar" a los manifestantes de las barricadas, las fuerzas combinadas realizaron un plan de "cacería", buscando casa por casa los opositores para detenerlos.

Un grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH, que tenía previsto visitar Masaya, suspendió su viaje por razones de seguridad, dijo un portavoz. Centenares de otros vehículos que salieron de Managua para ayudar a los habitantes de Masaya, centro de las protestas sitiado por las fuerzas policiales y paramilitares, regresaron antes de llegar por cautela. Un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), por su parte, denunció que se les prohibió el paso en Nindirí, municipio entre Managua y Masaya.

Aislados por los combates

Los "autoconvocados" se organizaron en Managua a primera hora para recorrer los 28 kilómetros que separan las dos ciudades. Sin embargo, antes de la llegada de la caravana, un grupo de policías y parapolicías fuertemente armados bloquearon las entradas a Masaya. Nadie podía cruzar sus puestos de control, ni periodistas, ni ciudadanos o delegaciones eclesiásticas.

En Nindirí un grupo de seguidores sandinistas atacó al vehículo en que viajaba el obispo Abelardo Mata. El obispo y el conductor salieron ilesos, pero a la camioneta le rompieron los vidrios delanteros y traseros, y le pincharon las ruedas. Mata es uno de los mediadores y testigos por parte de la Conferencia Episcopal en el diálogo nacional entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la que esperan superar la crisis sociopolítica que el país sigue sufriendo y que ya ha dejado al menos 351 muertos en tres meses.

Garantizar la vida

En tanto, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, escribió en Twitter que "el Estado parece ignorar el dialogo. Nicaragua debe garantizar la vida de las personas y respetar el debido proceso legal". Las protestas contra el presidente Daniel Ortega empezaron el pasado 18 de abril, contra una reforma de la seguridad social que el Gobierno acabó retirando y acabaron pidiendo las dimisiones del mandatario . Ortega, que está en el poder desde hace once años, se enfrenta a acusaciones de abuso y corrupción en su contra.