Si no es un genocidio, se le parece mucho. El runrún era insistente en los últimos años y ayer llegó con el sello de la ONU. Un informe amontona pruebas contra el Ejército birmano y habla de «voluntad de genocidio» sobre la etnia rohinyá. También Facebook y Aung San Suu Kyi, la nobel de la Paz, salen salpicados de una de las tragedias más indignantes de la Historia moderna. La organización finaliza su informe recomendando llevar ante la Justicia a los responsables militares.
La ONU subraya la contribución del Gobierno de Birmania a las «atroces» violaciones de derechos humanos con su permisividad hacia los discursos de odio racial, destrucción de pruebas y amparo de crímenes contra la humanidad en los estados de Rakáin, Kachin y Shan.
La etnia musulmana acumula décadas convulsas en Birmania (oficialmente, Myanmar), pero el informe se centra en lo ocurrido después de que un ataque del Ejército de Salvación rohinyá Arakan a comisarías y bases militares dejara decenas de muertos el pasado año. La respuesta del Ejército birmano fue inmediata, desproporcionada e indiscriminada. La ONU certifica los asesinatos, violaciones grupales y quemas de poblados que los desplazados habían denunciado a la prensa en los últimos meses. La crisis estimuló la diáspora de 700.000 rohinyás y el grueso malvive ahora en campos de refugiados de la vecina Bangladés.
Los investigadores de la ONU hablan de 10.000 muertos, un cálculo necesariamente conservador e incompleto porque no han podido acceder a las zonas más afectadas. «Los crímenes en el estado de Rakhine, por la manera en que fueron cometidos, son similar en naturaleza, gravedad y alcance a los que permitieron calificar de genocidio lo ocurrido en otras ocasiones», afirma el informe. La ONU no abarata el término. Solo lo ha utilizado en los últimos años en Bosnia y Ruanda. El militar Theonoste Bagosora fue condenado a 35 años por su responsabilidad en la matanza de 800.000 personas en el país africano, mientras el exlíder Radovan Karadzic ha apelado su condena por la masacre de Srebrenica.
CASI UN MILLAR DE ENTREVISTAS / El informe sienta que existe suficiente información para «investigar y juzgar» a los altos mandos de Tatmadaw (el Ejército birmano) e instan a la ONU a enviar el caso al Tribunal Penal Internacional o crear un tribunal especial. Los investigadores señalan al comandante en jefe, Min Aung Hlaing, que tiene en serio un problema en la hemeroteca. Un año atrás aludió a los rohinyás como «un trabajo sin terminar». También nombra a otros cinco altos cargos. Entre ellos figura el general Aung Aung, quien presuntamente ordenó el asesinato de diez hombres y niños en el pueblo costero de Inn Din.
El informe se ha elaborado con casi 900 entrevistas a víctimas y testigos en los campos de Bangladés, documentos varios, fotografías, videos e imágenes de satélite. El Gobierno birmano rehusó colaborar y aún no ha comentado las conclusiones. Las últimas masacres fueron reveladas el pasado año por dos periodistas de la agencia Reuters que consiguieron romper el secreto cerco militar y hoy esperan en la cárcel su sentencia por violar la ley de secretos oficiales.
La ONU denuncia el pasotismo de Aung San Suu Kyi, ministra de Exteriores y líder de facto del Gobierno. De la premio Nobel de la Paz dice que no usó su autoridad moral para «frenar o prevenir» los hechos ni «buscó alternativas» para proteger a su población. Son tiempos áridos para la Dama, un faro democrático años atrás y hoy atareada en defender lo indefendible mientras ve como más y más instituciones le retiran sus galardones.
El informe también afea a Facebook su lentitud para atajar el odio racial que habría aceitado la represión contra los rohinyá. La compañía se disculpó la semana atrás y prometió que contrataría más personal birmano para borrar los comentarios más incendiarios. La ONU reconoce tibias mejoras pero lamenta la «lentitud e ineficacia» y pide investigar hasta qué punto sus contenidos influyeron en la discriminación y la violencia.
Los rohinyás, de fe musulmana, son la etnia más castigada del mundo, según la ONU. Descienden de comerciantes árabes y han vivido siglos en Birmania, aunque son apátridas. La actual Myanmar les niega la nacionalidad y los considera inmigrantes bangladesís ilegales alegando que no han podido acreditar su estancia antes de 1823 (primera guerra contra los ingleses) como exige la ley. Más de 1,3 millones vivían antes del éxodo reciente concentrados en la provincia de Rakhine y en condiciones de apartheid. Tampoco los reconoce Bangladés, donde han emigrado durante las últimas décadas y carecen de derecho a la educación y la sanidad.
