Los crímenes de guerra de momento siguen sin respuesta en Siria y solo cabe esperar que algún día se haga justicia. Si llega, uno de los que deberá sentarse en el banquillo es el régimen de Bashar al Asad, al que una investigación independiente de un organismo de las Naciones Unidas ha atribuido por primera vez oficialmente el ataque con gas sarín que el 4 de abril causó más de 90 muertos en Jan Shijún, la mayoría civiles, incluidos niños.

Desde que se produjo la masacre, numerosas potencias occidentales y observadores atribuyeron la autoría a la fuerza aérea de Asad, mientras Damasco y Rusia, principal aliado del Gobierno sirio, negaban la responsabilidad. El informe facilitado ayer a los miembros del Consejo de Seguridad es el primero políticamente independiente e imparcial que apunta «con confianza» a la responsabilidad de Damasco. Basándose en fotos, vídeos, imágenes de satélite y estudios de restos de munición realizados por expertos individuales e institutos forenses, el panel considera que «lo más probable» es que se tratara de una bomba lanzada desde el aire, lo que limita la potencial responsabilidad al Gobierno, pues es el único actor cuyos aviones vuelan en la zona del ataque. Y aunque el panel reconoce que «no se puede descartar totalmente» que se hubiera usado una bomba terrestre (una de las teorías que defienden rusos y sirios), se considera «menos probable». El documento y la investigación son fruto del trabajo del Mecanismo de Investigación Conjunto (JIM, por sus siglas en inglés), creado en el 2015 por el Consejo de Seguridad y en el que colaboran la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Su misión es determinar quién en Siria está usando armas químicas, un crimen de guerra que el panel ya había constatado en informes anteriores (con al menos tres casos de uso de bombas de cloro por parte del Gobierno y uno de gas mostaza por parte de combatientes del Estado Islámico). Pero este último texto es el más relevante que ha preparado hasta la fecha y, además de atribuir a Damasco el ataque en Jan Shijún, también acusa a militantes del Estado Islámico de haber cometido uno con gas mostaza el 16 de septiembre del año pasado en Um-Housh, en la provincia de Aleppo.

USO DE ARMAS / «El uso continuado de armas químicas, incluyendo a actores no estatales, es profundamente preocupante», dice el documento del JIM, que el Consejo discutirá el 7 de noviembre . «Si ese uso no se detiene ahora, pese a la prohibición de la comunidad internacional, la falta de consecuencias seguro que animará a otros a seguir, no solo en Siria, sino en otros sitios. Es momento de acabar con estos actos». Las conclusiones de la investigación elevan la presión sobre Rusia, que en el 2013 se comprometió a ayudar a que el Gobierno sirio se deshiciera de su arsenal químico, pero Moscú no parece dispuesto a alterar su férrea defensa de Damasco. El mismo martes, dos días antes de que los países miembros del Consejo de Seguridad recibieran el informe del JIM, el embajador del Kremlin, Vassily Nebenzia, usó el poder de veto para frenar una resolución que habría prolongado el mandato del panel, que expira el 16 de noviembre. Moscú no ha aclarado si apoyará esa extensión ahora que tiene el documento.