La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró ayer que las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela son las principales causantes del deterioro de las condiciones sociales y económicas, pero reconoció que las sanciones al régimen de Maduro empeoran la situación de la población venezolana.
«La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales», dijo la expresidenta chilena.
La alta comisionada para los Derechos Humanos intervino en la cuadragésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar su informe anual de la situación en el mundo, en el que repasa brevemente la situación de cada país donde se detecta una situación alarmante.
Respecto a Venezuela, la alta comisionada admitió que la situación «ha sido agravada por las sanciones».
Una argumentación que avala el discurso del Gobierno de Nicolás Maduro, que sistemáticamente se refiere a las sanciones que sufre -en particular, las que le impiden acceder a créditos en el sistema financiero internacional y aquellas que implican el bloqueo de dinero del país en entidades financieras estadounidenses- como el impedimento que existe para importar productos básicos y medicinas para la población.
Bachelet sostuvo que lo que sucede en Venezuela funciona como una espiral en la que las dificultades económicas y sociales generan protestas, las que a su vez dan lugar a actos de represión y a mayores violaciones de los derechos civiles y políticos.
Venezuela, sumida en una gravísima crisis económica con hiperinflación y escasez de todo tipo de bienes y servicios, ha generado en los últimos meses un éxodo masivo de parte de su población, que intenta dejar el país ante el agobio de no contar con lo más básico para vivir y con la esperanza de encontrar un destino donde prosperar.
El Gobierno de Nicolás Maduro declaró ayer «persona non grata» al embajador de Alemania, Daniel Martín Kriener, por sus «recurrentes actos de injerencia» y le dio 48 horas para abandonar el territorio venezolano. La decisión se produce después de que el lunes el diplomático alemán acudiera, junto a otros embajadores, al aeropuerto de Caracas para recibir al líder de la oposición, Juan Guaidó, y apoyarle ante la posibilidad de que fuera detenido.
