Subida a los hombros de Stephen Jackson, un exjugador de la NBA, una niña negra de seis años dice: «¡Mi papi ha cambiado el mundo!». Esa niña es Gianna Floyd, que el martes estuvo en St. Paul, la ciudad gemela de Mineápolis, donde el 25 de mayo su «papi», George Floyd, murió en un caso de brutalidad policial que ha encendido en EEUU la mecha de protestas ante la injusticia racial.

Y quizá el mundo no ha cambiado, pero el impacto del caso de Floyd ha transformado por ahora el país, recorrido por una ola de activismo cívico sin comparación en décadas, un tema que el expresidente Barack Obama tenía previsto abordar ayer en un mensaje público.

Pasan los días y no cesan esas protestas de costa a costa, en grandes urbes y también en pequeñas ciudades. Al contrario, crecen en lugares tan distantes como Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia o Portland las manifestaciones, multitudinarias y pacíficas de día, más minoritarias y complicadas cuando entran en vigor los toques de queda impuestos en más de dos docenas de urbes. A partir de esos momentos se intensifica la tensión con las fuerzas del orden y los arrestos y se repiten actos vandálicos, cada vez más esporádicos. Solo en Nueva York, donde hubo de nuevo escenas de pillaje, aunque menos que en días anteriores, hubo 300 detenidos.

Incluso en Washington DC, la respuesta ayer a la demostración de fuerza bruta desplegada la víspera en las puertas de la Casa Blanca, donde se lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos para facilitar una criticada operación de imagen de Trump frente a la iglesia de San Juan, fue la salida a las calles de más gente que el día anterior.

TENSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN / Ese episodio ha provocado rechazo en buena parte de la comunidad religiosa pero también en la militar y se está abriendo una batalla entre el Pentágono y la Casa Blanca, especialmente por la amenaza de Trump de usar al Ejército contra las protestas de ciudadanos estadounidenses invocando la Ley de Insurrección de 1807. El secretario de Defensa, Mark Esper, mostró públicamente su rechazo a esa posibilidad, evidenciando su preferencia por seguir desplegando como hasta ahora a los reservistas de la Guardia Nacional.

«La opción de usar fuerzas en activo en papeles de aplicación de la ley solo debe utilizarse como última opción y en las situaciones más urgentes y extremas. No estamos en ninguna de esas ahora y no apoyo invocar la Ley de Insurrección», dijo Esper. En sus comentarios, que según las primeras informaciones han puesto furioso a Trump, Esper también se ha distanciado de los hechos del lunes, por lo que ha sido fuertemente criticado, incluyendo una carta abierta de dimisión de un miembro de una junta científica, James Miller, que le dijo que «quizá no fue capaz de frenar que Trump dirigiera este espantoso uso de fuerza pero podía haber optado por oponerse (y) en cambio lo apoyó visiblemente». «No sabía que iba a haber un posado para una foto», justificó el jefe del Pentágono, que afirma que intenta que el departamento siga siendo «apolítico».

CAMBIOS EN MINEÁPOLIS / Mientras, en Mineápolis, cada vez hay más señales de vuelta a la normalidad. Las manifestaciones persisten, aunque con intensidad reducida. En las zonas más afectadas por estallidos de violencia la semana pasada hoy domina el trabajo de limpieza. Las televisiones locales han vuelto a la programación habitual, los autobuses volvían a circular y los cercanías lo harán hoy.

Puede ser, no obstante, una nueva normalidad y el estallido de ira de los últimos días es una semilla que ha empezado a dar algunos frutos. El martes el sistema escolar de la ciudad anunció que rompe el contrato con la policía para ofrecer seguridad en los colegios. Y el Departamento de Derechos Humanos del estado de Minnesota anunciaba que, por primera vez, lanza una investigación de la policía de la ciudad para estudiar legalmente su potencial vulneración de los derechos civiles.

El anuncio fue recibido inicialmente con escepticismo por activistas locales, ya que sospechan que pueda ser un gesto simbólico con poca traducción en cambios reales, aunque la comisionada de Derechos Humanos trató de darles garantías de que será algo más. «No es un informe. Es algo que dará como resultado acciones legales y requerirá cambios», dijo.