Sus 15 años de arresto domiciliario y silencio forzoso parecen muy lejanos. Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y antigua luchadora por la libertad de expresión, ha defendido el encarcelamiento de los dos periodistas que denunciaron las masacres sobre rohinyás. Wa Lone y Kyaw Soee Oo, birmanos y empleados por la agencia Reuters, fueron condenados la semana pasada a siete años de prisión por desvelar secretos de Estado mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyás en aplicación de una apolillada ley colonial.
La presidenta de facto de Myanmar ha negado que fueran encarcelados por ser periodistas sino por vulnerar la ley y ha defendido que su caso no tiene relación con la libertad de expresión. Los condenados, ha añadido, tienen «el derecho de apelar y señalar por qué la sentencia es errónea». «Me pregunto si la gente se ha leído realmente la sentencia», dijo en referencia al coro condenatorio global.
Su defensa numantina de Birmania como un país regido por el imperio de la ley fue contestado rápidamente por la organización Human Rights Watch. «Ella no entiende que el imperio de la ley significa el respeto a las pruebas presentadas en juicio, las acciones basadas en leyes claras y proporcionales y la independencia de los órganos judiciales del Gobierno y las fuerzas de seguridad. El juicio a los periodistas de Reuters suspendió en todas esas cuestiones», dijo el vicepresidente de la organización. La ONU había lamentado esta semana el hostigamiento creciente a los periodistas en este país.
El juicio ha sido globalmente desdeñado como una farsa. El arresto en diciembre sugiere una emboscada: la policía se reunió con los periodistas en un restaurante para darles unos documentos presuntamente sensibles y los detuvo minutos después. La sentencia ignoró pruebas que favorecían a los acusados y el tribunal mandó a la cárcel a un policía que confesó haber recibido órdenes para tenderles la trampa.
Suu Kyi habló por primera vez del proceso ayer en un foro económico en Hanoi. También opinó que «la situación se podría haber gestionado de forma diferente» en alusión a la represión de los rohinyás en el Estado de Rakhine. No parece una disculpa contundente para lo que la ONU calificó recientemente de genocidio. El informe amontonaba pruebas contra el Ejército y recomendaba llevar frente a la Justicia a media docena de altos cargos militares por asesinatos, violaciones y quemas de poblados. También lamentaba el pasotismo de Suu Kyi.
