La magistrada Rosa Weber asumió la presidencia del Tribunal Superior Electoral de Brasil, organismo responsable del proceso de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre en el país.
Weber, la segunda mujer que preside la corte electoral del país en sus 73 años de historia y la primera que será responsable de unas elecciones presidenciales, asumió su nuevo cargo por un período de dos años en un acto sobrio, en el cual declaró que "la democracia es una conquista diaria y permanente", que se fortalece mediante el voto.
Asimismo, lamentó los escándalos de corrupción de los últimos años, sobre los cuales admitió que generaron "un momento de indeseable desencanto y descrédito de la actividad política, que es esencial para la democracia y debe tener su respetabilidad rescatada".
Con la investidura de Rosa Weber, de 69 años, los tres principales tribunales del país pasan a estar dirigidos por mujeres, así como el Ministerio Público, que tiene como titular a la fiscal Raquel Dodge.
La magistrada Carmen Lucia Antunes preside actualmente la Corte Suprema y dirigió el tribunal electoral entre 2012 y 2013, período que no coincidió con unas elecciones presidenciales, en tanto que la jueza Laurita Vaz encabeza el Superior Tribunal de Justicia.
EL CASO LULA DA SILVA
Una de las tareas que tendrá la Justicia electoral con Rosa Weber en la presidencia será decidir sobre la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será inscrita este miércoles por el Partido de los Trabajadores (PT) bajo un fuerte riesgo de impugnación.
Una ley sancionada en 2010 por el propio Lula, cuando aún estaba en el poder, dice que una persona condenada en segunda instancia por cualquier delito queda automáticamente inhabilitada para postular a algún cargo electivo.
Aunque condenado a doce años y preso desde el pasado abril, el PT le ha proclamado candidato presidencial.
Una vez formalizada la candidatura, el Tribunal Electoral deberá analizar el caso y, de acuerdo con la mayoría de los juristas, lo más probable es que la vete, a la luz de la ley sancionada por el propio exmandatario.
