El principal escollo en las negociaciones del brexit ha sido la frontera de las dos Irlandas. El acuerdo alcanzado por la exprimer ministra británica, Theresa May, y Bruselas, que fue rechazado por la Cámara de los Comunes, incluía la salvaguarda fronteriza (backstop en inglés).
Lo que se pretendía con esta propuesta es evitar que tras el brexit se restableciera una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que perjudicaría sus economías y el proceso de paz norirlandés. El pacto suponía mantener a Irlanda del Norte bajo normas del mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido quedaría fuera de esos espacios económicos.
La ala dura de los tories, que representa el actual primer ministro, Boris Johnson, siempre se ha opuesto a la salvaguarda ya que de hecho significaría que la región de Irlanda del Norte seguiría sujeta a las leyes de la UE y le impediría establecer relaciones comerciales por separado con países de fuera de la Unión.
El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que sigue dependiendo el Ejecutivo británico para gobernar en minoría, gracias a los 10 escaños que tiene en la Cámara de los Comunes, argumenta que un blackstop dejaría a Irlanda del Norte aislada del resto del Reino Unido, lo que solo favorecería a los nacionalistas republicanos norirlandeses.
Durante los treinta años que duró el conflicto norirlandés la frontera estuvo sellada, con controles militares y aduaneros. La desconfianza entre la comunidad católica republicana y la protestante unionista era total. La firma de los acuerdos de paz del año 1997, conocidos como los del Viernes Santo, hicieron que poco a poco se fuera levantando la frontera física, lo que ha contribuido a que haya mejorado y mucho la convivencia entre las dos comunidades.
El brexit ha cambiado las cosas, y el temor a una salida sin acuerdo ha resucitado los temores a que resurja de nuevo la violencia en Irlanda del Norte.
