Mercosur (Mercado Común del Sur) ha resuelto suspender a Venezuela como integrante del bloque por haber instalado una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y avanzar en las restricciones democráticas. La decisión se ha producido el mismo día que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha destituido a la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, convertida desde abril en la principal enemiga del presidente Nicolás Maduro.

La destitución de Ortega ya veía venir después de la ahora exfiscal no reconociera las elecciones celebradas hace una semana y que dieron lugar a la formación de Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La fiscala tuvo que abandonar por la mañana y a toda prisa a bordo de una moto y entre dos de sus guardaespaldas la sede del Ministerio Público, que había sido rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNC).

Los ministros de Exteriores de Mercosur, la zona de libre comercio que lideran Argentina y Brasil y de la que también forman parte Uruguay y Paraguay, han aplicado a Caracas la “cláusula democrática” del mercado común, vigente desde 1998. cuando se suscribió el llamado Protocolo de Ushuaia. La suspensión, han señalado los ministros desde Sao Paulo, obedece a “las acciones del Gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático”.

RETICENCIAS DE URUGUAY

Entre otras razones, Mercosur ha aplicado la sanción “dado el rechazo de la Administración de Maduro de mantener conversaciones con los demás integrantes del bloque” para resolver la crisis. Mercosur ha tardado en aplicar esta dura medida debido a la reticencia de Uruguay. En los últimos días, el presidente uruguayo, el izquierdista Tabaré Vázquez ha modificado su postura.

De hecho, Venezuela ya estaba apartada de Mercosur. Sus miembros habían considerado a fines de 2016 que Caracas no cumplía las normas internas para formar plenamente parte del bloque al que se unió en 2012. Lo que entonces se le pedía a Venezuela era acelerar sus acciones administrativas.

El chavismo siempre consideró que detrás de los argumentos burocráticos se escondía una razón política. Los tiempos habían cambiado, ni Buenos Aires ni Brasilia ya tenían intenciones de sostener a su antiguo aliado. Esas razones se hicieron patentes en las últimas horas. Para que la suspensión quede sin efecto, Maduro tiene que dar también volver sobre sus pasos, algo que parece a estas alturas imposible. También se le exige la liberación de los presos políticos, la restauración de competencias del poder legislativo, la reanudación del calendario electoral y la anulación de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

MEDIDAS MÁS SEVERAS

El Protocolo de Ushuaia contempla medidas más severas, incluso sanciones como el cierre de fronteras, del tráfico aéreo y marítimo, así como el fin del abastecimiento energético y el intercambio comercial. Esa es una carta que Mercosur parece guardarse por el momento, entre otras cosas porque agravaría los problemas económicos de Venezuela.