El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hace frente a las protestas más fuertes desde que asumió la jefatura del Estados hace once años. Los números son elocuentes: al menos 10 muertos y decenas de heridos como consecuecia de los choques entre las fuerzas del orden y los maniestantes que rechazan el plan del Gobierno para reformar la seguridad social.

Las protestas se han extendido por todo el país, incluso en ciudades bastiones de los sandinistas como la capital, Managua, Ticuantepe y Estelí, donde las fuerzas antimotines han intervenido estos días de disturbios con una dureza inusitada que parece augurar tormentas mayores. El gremio empresarial apoya las protestas y ha hecho un llamamiento a participar este lunes en una marcha en Managua en la que los manifestantes vistan de blanco.

La polémica reforma, que mantiene la edad de jubilación a los 60 años, prevé subir las cotizaciones, lo que implica un mayor aporte por parte del sector privado (del 19 al 22,5 %) con respecto a los asalariados (6,25% al 7%). Según el Gobierno la reforma intenta fortalecer el sistema de pensiones mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores y, de esta manera, sanear el INSS, darle liquidez y evitar la privatización de sus servicios.

Descontento mayor

Los empresarios rechazan de pleno el proyecto y augura cierres masivos de empresas si se consuma. Los jóvenes que se han puesto al frente de la lucha aseguran que son las personas más vulnerables las que pierden con estos cambios. La chispa que encendió el rechazo a la reforma esconde sin embargo un descontento mayor con el “orteguismo”.

“Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores. Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad”, ha señalado la Iglesia Católica. Los obispos no han sido indiferentes a lo que sucede y han abierto las puertas de la Catedral para que los manifestantes se resguarden de las fuerzas policiales.

La vicepresidenta Rosario Murillo, mujer del presidente Ortega, ha anunciado que se retomarán las mesas de diálogo entre el Gobierno, la empresa privada y los actores sociales para salir del atolladero y definir el futuro perfil del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). “Ninguna de las partes ha dado por concluido o ha dado por clausurado el modelo de alianzas y consensos que nos ha dado tantos frutos, tan buen resultado”. Murillo ha señalado no obstante que hay sectores que quieren “la ruptura de la paz”, entre ellos los medios de comunicación. “Hemos actuado con mucha serenidad, hemos actuado anteponiendo el interés de la nación, del país, del pueblo”. La patronal duda de esas intenciones.