Los hongkoneses han tomado este sábado las calles para protestar contra una inquietante ley de extradición que juzgan como otro intento de Pekín para limar su independencia. Los organizadores hablan de un millón de participantes mientras la policía los rebaja a 150.000. El previsible baile de cifras es lo de menos. No quedan dudas de que la protesta engrosará la lista de movilizaciones históricas que los hongkoneses reservan para las amenazas más evidentes del continente. No son raras las divisiones en la compleja sociedad de la excolonia, con una pragmática clase empresarial inclinada hacia Pekín frente a una juventud más idealista, pero la ley de extradición los ha unido en la defensa de la identidad hongkonesa.

La protesta empezó a las 15.00 (hora local) en el Parque de la Victoria y la marea pronto cubrió el distrito vecino de Causeway Bay. Las crónicas de la prensa local hablan de accesos desbordados y esperas de horas en el subterráneo para acudir al centro. Las imágenes muestran una mayoría de camisetas blancas, el color de la justicia y la luz, y algunos de aquellos paraguas amarillos que simbolizaron las protestas prodemocráticas del 2015. Los hongkoneses han desafiado la canícula y la humedad sofocantes que en la isla aconsejan el resguardo del aire acondicionado. Los cánticos alternaban las promesas de que Hong Kong no se rendirá nunca con los insultos variados al Ejecutivo prochino de Carrie Lam.

La ley será votada este miércoles en el Legco o Parlamento local. Su justificación no es descabellada. Sus defensores aluden al reciente caso de una joven hongkonesa asesinada en Taiwán por su novio y la imposibilidad de la excolonia de enviar al sospechoso a la isla para que pague por su crimen. Sostiene el Gobierno hongkonés que la ley acabará con esas lagunas actuales, ayudará en la lucha contra el crimen y permitirá la extradición de delincuentes a países con los que hoy carece de tratados formales como Taiwán, Macao o la China continental. Ahí reside el problema: los críticos temen que Pekín aprovechará la ley para exigir el traslado de cualquiera de los fugitivos que han encontrado refugio durante décadas en la excolonia. Entre ellos figuran criminales económicos pero también un nutrido gremio de disidentes políticos. La ley, pues, amenaza la independencia judicial que Hong Kong heredó de los británicos y que Pekín se comprometió a respetar con la fórmula de "un país, dos sistemas".

Caballo de Troya chino

Importa poco que el Ejecutivo haya afeitado la ley para hacerla más digerible. Ni las promesas de que cada caso será examinado por separado por un tribunal independiente ni la reducción de los supuestos aplicables han amansado a la población. Lam ha calificado de "infundadas" las acusaciones de que su Gobierno cumplirá al dedillo las instrucciones de Pekín pero cuesta imaginar una resistencia heroica. Es seguro que carecerá de fuerzas y muy probable que le faltará la voluntad.

Detrás se intuye el caballo de Troya chino. Han Zheng, miembro del Politburó, apuntaló el mes pasado esa impresión al subrayar su defensa entusiasta de la ley y revelar objetivos que incluían a extranjeros acusados de crímenes contra la seguridad nacional.

Contra la ley se han levantado todos, dentro y fuera de la excolonia. El sector empresarial, siempre reacio a pisarle los callos a Pekín, se ha mostrado esta vez rotundo. Un centenar de jueces y abogados se manifestaron el jueves contra una normativa que atenta contra la independencia del sistema legal. También Estados Unidos y la Unión Europea han presionado al Ejecutivo de Lam para que eche atrás la iniciativa. En el coro tampoco faltaron las alertas desde el Reino Unido sobre la deriva hongkonesa bajo la égida china, tan cínicas como recurrentes. Su último gobernador, Chris Patten, advirtió de los efectos devastadores de la ley. Londres gobernó Hong Kong durante siglo y medio como una colonia y nunca permitió que los isleños disfrutaran de su democracia ni de su nacionalidad.