Emmanuel Macron presentó ayer un catálogo de medidas fruto de la conclusiones que ha extraído del gran debate nacional organizado para dar una respuesta a la crisis de los chalecos amarillos. El presidente francés bajará significativamente el impuesto sobre la renta, mejorará el poder adquisitivo de las pensiones más bajas e impulsará una nueva descentralización para que la administración esté más cerca del ciudadano. «Nuestra política se percibe demasiado fría, demasiado lejana, demasiado tecnocrática», dijo. Durante una larga conferencia de prensa celebrada en el Elíseo ante casi 300 periodistas, Macron afirmó que ha percibido en los franceses «un fuerte sentimiento de injusticia fiscal, social y territorial» y una falta de confianza en las élites, pero las preocupaciones expresadas por los ciudadanos en los maratonianos debates de los últimos tres meses no deben detener las reformas que se han hecho desde su llegada al Elíseo. Todo lo contrario, el jefe del Estado no quiere renunciar a su ambición de modernizar el país. Como mucho, el cambio será de método y de filosofía, para construir un proyecto más humanista. Macron se jugaba mucho en su intervención. El conflicto social que arrastra el país desde noviembre lastra su programa e hipoteca el resto de su mandato.

IMPOPULAR / El presidente admitió que dirigir un país es aceptar ser impopular y presentó con vehemencia un abanico de medidas en torno a cuatro grandes bloques: organización de la vida democrática, fiscalidad, transición ecológica y un proyecto para la nación. Aunque rechazó el Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC), una de las principales reivindicaciones de los chalecos amarillos, se comprometió a facilitar el recurso al Referéndum de Iniciativa Compartida (RIC), un mecanismo ya existente, permitiendo que con un millón de firmas se puedan llevar al Parlamento determinadas propuestas. La bajada del impuesto sobre la renta, que cifró en 5.000 millones de euros, se financiará con la supresión de determinados nichos fiscales para las empresas y reduciendo el gasto público.

Asimismo, animó a los franceses a «trabajar más» sin llegar a cuestionar la jornada laboral de 35 horas ni mover la edad oficial de jubilación, hoy en los 62 años -algo que sería un casus belli para los sindicatos- sino aumentando los años de cotización.

Las pensiones inferiores a los 2.000 euros se actualizarán con arreglo a la inflación a partir del próximo año y la prima excepcional libre de impuestos que las empresas abonaron a finales del 2018 se repetirá también en el 2019. Macron no dio marcha atrás en la supresión del Impuesto sobre la Fortuna (ISF) que para muchos es un regalo fiscal a los más ricos, pero aceptó evaluar su eficacia si no da los frutos esperados en el estímulo a la inversión.

Tal y como se había filtrado en los últimos días, confirmó que quiere suprimir la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA) donde se forman los líderes políticos del país y símbolo del poder de las élites.

Prometió que no se cerrarán colegios ni hospitales sin el acuerdo de los alcaldes y que en breve se presentará un plan de reorganización del Estado para que haya más funcionarios sobre el terreno, así como ayudas a las familias monoparentales. El Gobierno generalizará la medida que funciona en los barrios desfavorecidos de limitar a 24 los alumnos por aula. Y se creará un consejo de participación ciudadana con 150 ciudadanos seleccionados por sorteo cuyas conclusiones se llevarán al Parlamento.