Afirmamos rotundamente que en Ecuador ganó la democracia. Este es un Estado de derecho, respetuoso de las libertades y que garantiza la paz social. El hemisferio condena la violencia y el caos que pretendieron sembrar en nuestro país", dijo el presidente Lenin Moreno durante el módico acto con el que restableció su Gobierno en el Palacio Carondelet de Quito. Durante los 12 días que duró el estallido social por el intento de incrementar el precio de los combustibles, Moreno se fue a la ciudad costera de Guayaquil. Al retornar a la capital tomó una decisión que sorprendió a los analistas y deja entrever que la no está garantizada la tranquilidad política. El presidente removió al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, general de división Roque Apolinar Moreira Cedeño, y nombró en su lugar al general de división Luis Lara Jaramillo, quien en 2017 tuvo un enfrentamiento con el entonces mandatario Rafael Correa por cuestiones relacionadas con los regímenes especiales de seguridad social de los militares y la policía. Además, el presidente sustituyó al comandante general del Ejército, general de brigada Javier Pérez Rodríguez, por el general de brigada Luis Altamirano Junqueira.

En declaraciones a El Universo, Mario Pazmiño, analista sobre asuntos militares, consideró que Moreno está tratando de corregir la política estratégica del Estado y colocando a "oficiales que son altamente operativos" para que restructuren el sistema de inteligencia. "Si no tiene la información adecuada, oportuna y útil, no le sirve para nada". El cambio obedece a que el Gobierno fue sorprendido por el tenor del conflicto y no quiere que volver a ser tomado por sorpresa.

LOS NUEVOS DESAFÍOS

El pasado domingo Moreno se vio obligado a derogar el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles para que cesaran las protestas que dejaron ocho muertos según la Fiscalía, aunque Carondelet dice que sonseis, además de más de 1.500 heridos, entre ellos 435 policías y 1.192 detenidos. El alza del precio de los carburantes fue la mecha que detonó la protesta liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Si bien el presidente dio marcha atrás todavía queda sin saberse quién pagará el costo del ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un crédito de 4200 millones de dólares.

"No hay diálogo verdadero sin justicia social", dijo en la noche del martes la Conaie. Si bien suspendió las movilizaciones pero tiene una exigencia que parece irrevocable: la dimisión de la ministra de Interior María Paula Romo, a quien señala como la responsable de la violencia policial. "No hemos olvidado a nuestros luchadores sociales".Por el momento, Moreno respalda a Romo como al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, otro de los blancos de la Conaie. Las comunidades también le pidieron a la ONU y la Defensoría del Pueblo que sigan los casos de "criminalización por el ejercicio de la protesta social".

La respuesta estatal al estallido es objeto de denuncias de los organismos defensores de derechos humanos. En la actualidad está detenida la gobernadora de la provincia de Pichincha, Paola Pabñon, a quien se la acusa del delito de "rebelión". La diputada Gabriela Rivanedeira se ha asilado en la embajada de México en Quito. Ambas responden a Correa, el principal enemigo político de Moreno, quien rompió con su albacea en 2017, apenas llegado al poder y ahora lo acusa de "golpista" y conjurado con Nicolás Maduro.