Ni fusión de presidencias ni mucho menos que el futuro presidente de la Comisión Europea sea automáticamente el cabeza de lista del partido político más votado en las próximas europeas de mayo del 2019. Las grandes ideas lanzadas hace una semana por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para revitalizar la Unión Europea y acercarla a los ciudadanos chocaron ayer contra el muro impuesto por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

«La idea de que el proceso es más democrático es equivocada. El Tratado dice que el presidente de la Comisión Europea debe ser propuesto por los líderes democráticamente elegidos de los Estados miembros y escogido por los miembros democráticamente electos del Parlamento», zanjó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Esa es, a juicio del polaco, la doble legitimidad del presidente de la Comisión.

«Si no, el proceso sería menos democrático. No puede haber automaticidad. El Consejo Europeo no puede garantizar de antemano que propondrá a un cabeza de lista para presidente de la Comisión Europea», insistió sobre un posicionamiento que augura un enfrentamiento político con el Parlamento Europeo, férreo defensor de esta idea. El grueso de los dirigentes europeos -hay excepciones como el irlandés Leo Varadkar- no quieren atarse de manos y dejar en manos de la Cámara la prerrogativa de elegir al futuro capitán de la Comisión.

Y entre los que se oponen está uno de los dirigentes más europeístas del momento, el francés Emmanuel Macron, a quien este debate coloca en una difícil posición. Su movimiento, En Marche, no está adscrito a ningún partido político, por lo que el sistema de spitzenkandidat le dejaría fuera de juego para influir en la elección del futuro presidente de la Comisión.

La conclusión supone un jarro de agua fría para Juncker, que encajó el golpe con resignación. «El Tratado es claro. No describe un proceso de automaticidad. Si eres cabeza de lista en tu país y tu partido gana las elecciones no hay automaticidad en que serás el primer ministro. Es un proceso democrático normal», defendió sobre el sistema que fue utilizado en el 2014 para elegirlo y que según él reforzará la democracia.

Igual de nulo es el apetito de los líderes europeos por fusionar dos de las presidencias de la UE, la de la Comisión Europea y la del Consejo Europeo, como plantea el luxemburgués hasta el punto de que descartaron hasta valorarla. Tampoco recibió una acogida calurosa la sugerencia de recortar el número de comisarios ni la idea de crear listas transnacionales para las elecciones europeas, que apoyan Emmanuel Macron o Juncker, que quedó aparcada al menos hasta después de las próximas elecciones europeas.

El único elemento que cuajó entre los 27 dirigentes europeos -todos salvo la británica Theresa May, ausente de la cumbre- es la reducción del número de escaños del Parlamento Europeo en las próximas elecciones, de 751 a 705. La salida del Reino Unido obliga a reorganizar la casa y pensar una solución para los 73 asientos que ocupan los eurodiputados británicos. La propuesta de la Cámara es reducir el futuro hemiciclo y redistribuir 27 de las 73 sillas, de las cuales cinco irían a España. La decisión la tomarán los líderes en junio, pero es a juicio del presidente Mariano Rajoy «una buena noticia».

Más dinero para el presupuesto / Los Veintisiete zanjaron esta primera incursión sobre la reforma institucional de la UE sin mucho conflicto. Más problemas augura la batalla sobre el marco presupuestario para el post-brexit, a partir del 2020. La salida del Reino Unido dejará un agujero de entre 10.000 y 14.000 millones anuales que sumado a los fondos adicionales para las nuevas prioridades -control de la inmigración, vigilancias de las fronteras, defensa o Erasmus- obligarán, según los cálculos de Rajoy, a buscar unos 190.000 millones.

«¿Vamos a poner más dinero o no? Mi opinión es que España debe estar abierta a poner más recursos entre otras cosas porque si queremos más integración es positivo que lo hagamos», avisó. Al igual que España, explicó Juncker, otros 14 Estados se mostraron dispuestos a elevar su contribución. También caló la idea, según Tusk, de imponer una cierta condicionalidad en el presupuesto a la hora de repartir fondos. «El presupuesto de la UE no debe servir para financiar a estados que incumplen los derechos fundamentales ni para financiar políticas cuya estrategia es hacer dumping social», avisó Macron.