A punto de reanudarse la campaña electoral para las elecciones del 27 de octubre, el juez federal Claudio Bonadío decidió ayer enviar a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusa de liderar desde el Estado una asociación ilícita que pedía comisiones a los empresarios de la construcción. Bonadío pidió la prisión preventiva y su correspondiente desafuero.
Fernández de Kirchner es compañera de fórmula del peronista Alberto Fernández, quien, según las encuestas, lleva 20 puntos de ventaja a su principal contendiente, el actual mandatario Mauricio Macri. Se estima que el juicio podría iniciarse a finales del 2020,
Bonadío basa sus acusaciones en las anotaciones que hizo en unos cuadernos escolares Óscar Centeno, un exsuboficial del Ejército convertido en chófer del exviceministro de Obras Públicas, Roberto Baratta. Los cuadernos no existen ya que fueron quemados y las fotocopias que sustentan las investigaciones nunca han sido objeto de pericias, una de las razones por las que Alberto Fernández no cree en esta causa y defiende la inocencia de su candidata a vicepresidente.
En uno de esos cuadernos, Centeno cuenta que el fallecido mandatario Néstor Kirchner, marido de Cristina, se mostró una vez disconforme con la recaudación ilegal. El magistrado Bonadío sostiene que existió un sistema de recaudación en el que Cristina ocupó el vértice de la pirámide. El sistema fue organizado presuntamente por Baratta y por el exministro de Obras Públicas, Julio De Vido, éste último actualmente en prisión aunque sin sentencia.
Actúa como prueba son las declaraciones de 19 arrepentidos que dijeron haber entregado dinero para campañas electorales, aunque en cantidades menores a las señaladas en los cuadernos. Para Fernández de Kirchner la acusación es un acto de venganza política.
