Donald Trump y los republicanos no pudieron tumbar la reforma sanitaria de Barack Obama en el Congreso, una obsesión desde que se aprobó en el 2010, pero la hirieron con la reforma fiscal y prosiguieron sus ataques en los tribunales. Ahora, un juez de Texas les ha ayudado en su asalto con una decisión que dispara la incertidumbre sobre el futuro de la ley y que ha sido ampliamente denunciada no solo por los demócratas sino por numerosas organizaciones médicas y por la industria de las aseguradoras, que alertan de la posible desprotección de personas con enfermedades previas.

Reed O’Connor, un magistrado conservador, declaró en una decisión publicada el viernes por la noche que toda la ley es inconstitucional. Su argumento es que, una vez que el Congreso eliminó en la reforma fiscal las multas que el Obamacare establecía para quien no contratara una póliza, el resto de la legislación ya no puede sostenerse.

La decisión de O’Connor no afecta de forma inmediata a la ley. Un grupo de estados controlados por los demócratas y encabezados por California, que han estado defendiendo el Obamacare de la demanda presentada por Texas y otros 19 estados bajo poder republicano, anunciaron inmediatamente que apelarán. Mientras esa apelación sigue su curso «la ley sigue en vigor», según reconoció la Casa Blanca.

La batalla está destinada a acabar en el Tribunal Supremo, que en dos decisiones en el 2012 y el 2015 defendió la legalidad del Obamacare. Aunque Trump ha conseguido colocar a dos jueces conservadores en el alto tribunal, los cinco que ratificaron la reforma sanitaria en el 2012 siguen.

Lo que sí ha logrado el juez O’Connor es disparar la incertidumbre. La reforma fiscal entra en vigor el 1 de enero y desde ese día puede que algunos estados decidan dejar de aplicar el Obamacare, que ha ayudado a 20 millones de personas a obtener cobertura médica, sobre todo gracias a la expansión de Medicaid, el sistema de salud pública para los ciudadanos con menos recursos.