El nuevo Gobierno de Italia ha lanzado un desafío a la política oficial de austeridad de la Unión Europea (UE), impuesta por Alemania y la Comisión Europea, aunque no cuestiona la pertenencia al euro, ni plantea renegociar el Tratado de la UE, como se temía. Las medidas económicas acordadas por la coalición del Movimiento 5 Estrellas (populistas antisistema) y la Liga (ultraderechista) dispararán el déficit público y podrían desencadenar nuevas tensiones en la cotización de la deuda pública de la eurozona, debido al inmenso volumen de deuda italiana. En política exterior, el nuevo Gobierno también acentuará las divisiones internas en la UE y la OTAN al defender el levantamiento de las sanciones a Rusia y su «rehabilitación como interlocutor estratégico».
El programa gubernamental parte de la constatación del fracaso de la política de austeridad tras una década de retroceso económico en Italia, donde el producto interior bruto (PIB) per cápita equivale al 97% de la media de la UE cuando en el 2007, antes de la crisis, suponía el 107%. La tasa de desempleo es ahora prácticamente el doble de la que existía en el 2007 y el 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, según Eurostat.
El nuevo ejecutivo afirma su pleno respeto por los objetivos del Tratado de Maastricht de reducción del déficit y la deuda pública, pero advierte de que piensa lograr ese objetivo mediante la reactivación económica, en lugar de la austeridad, como hasta ahora, porque «esa política no ha logrado sus objetivos».
Las principales medidas que desafían esa política comunitaria son: una tarifa fiscal plana de entre el 15% y el 20% para particulares y empresas, un ingreso ciudadano de 780 euros mensuales para las personas en situación de precariedad y la suavización de la reforma de las pensiones y la jubilación. Estas medidas tendrán un coste de entre 106.000 y 126.000 millones de euros, según las estimaciones del Observatorio Italiano de las Cuentas Públicas.
El mayor crecimiento económico que el Gobierno de Roma espera obtener con estas medidas, sumado a la lucha contra la evasión fiscal y el derroche de fondos públicos, serán insuficientes para amortiguar su impacto en el déficit público, que la Comisión Europea situaba en el 1,7% del PIB en el 2018 y que superará ampliamente el techo del 3% del PIB establecido en Maastricht. Esto, a su vez, volverá a incrementar el volumen de deuda pública italiana, que equivalía al 131,8% del PIB en el 2017 y ascendía a 2,26 billones, la más elevada en términos absolutos de toda la UE.
Este volumen descomunal de deuda pública italiana, combinada con el débil nivel de crecimiento económico actual en Italia (1,5%), es el talón de Aquiles de la eurozona, ya que es demasiado enorme para poder ser refinanciada con un plan de rescate en el caso de una crisis de confianza de los inversores. La prima de riesgo italiana respecto al bono alemán ha ido subiendo esta semana y ya duplica la española.
El nuevo Gobierno completa su desafío a la política economía de la UE con una demanda para revisar el marco de la gobernanza económica en la eurozona, como el pacto de estabilidad y los diferentes reglamentos, para dotar de más autonomía a la política económica de los 28.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, ya ha advertido a los dirigentes italianos contra toda veleidad de cuestionar el pacto de estabilidad de la eurozona. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, también ha subrayado que «Italia debe respetar sus compromisos con Europa».
No parece probable que la UE se atreva a aplicar una estrategia de castigo financiero al nuevo Gobierno, semejante a la que aplicó a Grecia en el 2015 cuando el Gobierno de Syriza intentó rebelarse contra el diktat de Berlín y Bruselas, ya que Italia es la tercera economía de la eurozona mientras que Grecia solo representa el 1% del PIB de la zona euro y una grave crisis de confianza de Italia arrastraría al conjunto de países comunitarios.
