El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración previsiblemente mañana a un hijo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a uno de sus socios y a dos personas más de nacionalidad venezolana por un delito de blanqueo de capitales derivado de otro de corrupción en transacciones internacionales que se habría concretado en el expolio de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Fuentes jurídicas confirmaron ayer a este diario que los cuatro fueron arrestados ayer por la Policía Nacional en el marco de los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, por el presunto blanqueo el dinero que se supone detraído de la petrolera pública del país.

Según las mismas fuentes, la investigación afecta a Morodo, que fue embajador de España en Venezuela entre el 2004 y el 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y a su hijo Alejo, al que se atribuye haber participado en el blanqueo de dinero ilícitamente obtenido a través de asesoramientos supuestamente legales. En concreto se les investiga por el cobro de 3,8 millones de euros de Pdvsa a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008 (un año después de que Morodo abandonara su responsabilidad en la embajada) y 2013, según avanzó El País. Para poder recuperar el dinero, ya lavado, lo hacían pasar por distintos países latinoamericanos.

Antes de recalar en Venezuela, el profesor de Derecho Constitucional Raúl Morodo fue embajador en Portugal, diputado europeo, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador extraordinario ante la Unesco. Además fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular.

SEGUNDA CAUSA POR BLANQUEO / Se trata de la segunda causa por blanqueo de capitales procedentes de presuntos delitos de corrupción en Venezuela que lleva la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de Instrucción número 2 sigue las pesquisas sobre los pagos de la empresa asturiana Duro Felguera en aquel país.

En paralelo, dos juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez que con la llegada de Nicolás Maduro recalaron en España, como el exministro de Energía Nervis Villalobos. Y en breve pueden ser más, porque siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios de su país que se han instalado en España.

Solicitan el bloqueo de los fondos presuntamente expoliados para lograr la repatriación de lo robado.

Entre las prácticas corruptas denunciadas figura la malversación de miles de millones de dólares que debían destinarse a mejorar el sistema eléctrico venezolano para aumentar la explotación petrolífera.