Ha triunfado la coherencia», dicen los que festejan la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de rechazar la petición de habeas corpus en favor de Luiz Inacio Lula da Silva, lo que hubiera permitido al expresidente brasileño continuar con su campaña proselitista hasta agotar todas las apelaciones que le quedan tras ser condenado por corrupción. «Golpe judicial» y «farsa», dicen, por su lado, los defensores del exmandatario e incluso juristas que no le profesan simpatía.

Lo que tanto unos como los otros desconocen es cuándo el juez Sergio Moro ordenará el ingreso a prisión del candidato favorito a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de octubre. También es una incógnita para aquellos medios de comunicación que sin pudor alguno han apostado para que Lula acabe en la cárcel. Según Folha de Sao Paulo, abogados criminalistas han advertido al Partido de los Trabajadores (PT) que la detención de su líder puede producirse «en pocos días». El portal del semanario Istoé, estima que el arresto no será inmediato, porque la defensa aún puede solicitar que se revisen algunos aspectos de la sentencia en segunda instancia, entre ellos su constitucionalidad.

Queda pendiente, además, la posibilidad de que Lula, por tener 72 años, pueda cumplir la condena de 12 años en su casa. «En cualquier país civilizado, la sentencia de un juez debe ser cumplida», escribe el diario paulista Estado. Su editorial no escatima ironías punzantes. «Lula ha pasado todo el proceso diciendo que es un perseguido político, como si la incontestable unanimidad de su condena sólo pudiera ser explicada por una colosal conspiración de las élites, siempre poco dispuestas a la dedicación de ese gran brasileño hacia los pobres y desvalidos del país».

Justicia politizada / Aunque Lula acabe en una cárcel de Curitiba, en el sur del país, el líder del PT podrá mantener su candidatura a la presidencia hasta que se pronuncie al respecto el Superior Tribunal Electoral (STE) en el mes de agosto. Sin embargo, Gilmar Mendes, uno de los integrantes del Supremo que votó a favor del habeas corpus, ha reconocido que la decisión del tribunal de condenar al expresidente cambia «por completo» el panorama político de cara a los comicios. El propio Lula parece haberlo reconocido. «No iban a dar el golpe para dejarme ser candidato», ha dicho el hombre que gobernó Brasil entre el 2003 y el 2010, y sigue viviendo en la misma casa de siempre, en la periferia paulista.

Lula fue sentenciado a 12 años de prisión por haber aceptado como soborno de una constructora un departamento en el balneario paulista de Guarujá. Durante el juicio no se presentó ni una sola prueba incriminatoria. El expresidente nunca ocupó ese inmueble. Ni siquiera lo conoció. A los magistrados les bastó sin embargo con tener la «convicción» de que el delito existió. El grado de politización de los tribunales es tan alto en Brasil que Marcelo Bretas, uno de los jueces que investiga la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, no se privó en decir después de que se conociera la posición del STF que «el presidente al que le gusta el soborno acaba en la ruina».

un día trágico / El PT ha advertido que la Constitución de 1988 «ha sido desgarrada» por quienes debían defenderla. «Es un día trágico para la democracia». Al negar a Lula un derecho de todo ciudadano, el de defenderse en libertad hasta la última instancia, «la mayoría del STF se ha arrodillado ante la presión escandalosamente orquestada de red de comunicación Globo».

El PT está convencido de que el objetivo de encarcelar a Lula fue orquestada por la derecha desde el mismo momento en que Dilma Rousseff derrotó en segunda vuelta de las presidenciales del 2014 a Aécio Neves. El primer paso fue su destitución parlamentaria. Pero el objetivo mayor siempre ha sido impedir que Lula vuelva al poder. Aunque los sectores más conservadores carecen de un candidato competitivo estiman que bastará con sacar al expresidente de la carrera electoral para evitar ese «mal mayor» al que casi el 40% de los brasileños votarían en octubre.