Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, enterró ayer una ley que llevaba más de dos meses muerta en un gesto más simbólico que sustancial y que no detendrá unas protestas deslizadas hacia un programa de máximos. Es demasiado poco y llega demasiado tarde, juzgaron los activistas antigubernamentales en las redes sociales. La ley de extradición quedará como una de las mayores y más evitables catástrofes políticas que se recuerdan.

«El Gobierno retirará formalmente la ley con el fin de aliviar las preocupaciones sociales», afirmó Lam en una breve rueda de prensa. Le dio tiempo para rechazar las cuatro restantes peticiones de los activistas y para anunciar la creación de un comité de expertos que estudiará las causas de la desilusión social. Es obvio, remató Lam, que una sola ley no es suficiente para incendiar durante tres meses un territorio con reputación de pacífico.

Lam tramitó aquella ley para posibilitar el envío de un asesino confeso a Taiwán para que fuera juzgado. Pero la dirigente descuidó las formas y no consultó con Pekín ni con sus correligionarios. Cualquiera podría haberle alertado de que la ley disparararía la desconfianza en la isla, donde rápidamente se vio como una pasarela hacia la turbia justicia del interior y la prueba definitiva de las intromisiones de Pekín.

La jefa ejecutiva ignoró las primeras manifestaciones y solo después de una explosión de violencia declaró su suspensión temporal. La ley estaba muerta desde entonces, como ella misma repitió y los propios activistas reconocían en privado, pero su absurda negativa a retirarla definitivamente espoleó las protestas.

«DEMOCRACIA O MUERTE» / Los activistas, tres meses después, han expandido sus reclamaciones hasta el sufragio universal y lemas como «la revolución de nuestra era» o «dadnos democracia o dadnos muerte» sugieren que no agotarán esta energía social en una ley que, después de cumplir su función catalizadora, se había convertido en irrelevante. Los activistas antigubernamentales han anunciado más manifestaciones para este fin de semana, hasta que se cumplan todas sus peticiones. «Cinco demandas, ni una menos», repitieron

La líder del Gobierno ya había anunciado el 15 de junio la «suspensión del proyecto de ley» y su «muerte», y «fracaso total» unas semanas después.