A más de 80 horas del apagón que ennegreció a Venezuela, y cuando surgen desacuerdos sobre el número de víctimas mortales a consecuencia de los interminables cortes de energía eléctrica, Juan Guaidó se amparó ayer en sus «atribuciones constitucionales como presidente encargado», ya reconocidas por Estados Unidos y otros 50 países, para que el Congreso venezolano decretara por unanimidad el estado de alarma en todo el país, una forma de buscar la luz ante la desesperada situación que vive la nación caribeña. La Asamblea Nacional aprobó el decreto, pero se espera, no obstante, que el Tribunal Supremo, aliado de Nicolás Maduro, lo invalide de forma inmediata porque considera que el Parlamento comete un delito de desacato.

El texto remitido por Guaidó considera el estado de alarma como una «modalidad del estado de excepción». La necesidad de su entrada en vigor obedece a «la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico». El periodo se extenderá por un tiempo de 30 días y puede prorrogarse por otro mes. El decreto pide, entre otras cosas, no enviar petróleo a Cuba para atender los problemas internos. Guaidó convocó a su vez a nuevas movilizaciones para hoy mismo. «Se acerca una crisis del agua. Si nos detenemos, el sacrificio será en vano. En estos momentos duros es cuando se prueba esta sociedad. Hay que mantenerse firmes», proclamó Guaidó.

El Gobierno de Maduro y la oposición sacan conclusiones antagónicas sobre los efectos de la falta de luz desde el pasado viernes. El antimadurismo habla de 21 muertos en los hospitales, muchos de ellos por falta de diálisis, y una ola de saqueos en supermercados debido a la desesperada búsqueda de alimentos. También niega que los problemas fueron consecuencia de un atentado. Por su parte, el oficialismo redujo a dos las víctimas fatales en los centros sanitarios y descartó la existencia de enfrentamientos sociales por los cortes en los centros de abastecimiento.

Camiones cisterna

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó de que la restitución de la normalidad de los servicios tiene por estas horas como prioridad el funcionamiento de los hospitales. A su vez, se buscará abastecer a la nación de agua a través de camiones cisternas y llevar a cabo el reparto de las cajas de alimentos básicos para que llegue a millones de hogares.

Ayer llegó a Caracas una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Los enviados deben preparar la visita de Michelle Bachelet.