No ha sido un crédito de 10.000 millones de dólares ni el doble, como había especulado la prensa. Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han acordado un programa de rescate para dejar atrás la crisis que hundió el peso. El Gobierno de derechas del presidente Mauricio Macri recibirá a lo largo de 36 meses unos 50.000 millones de dólares (42.500 millones de euros). El préstamo está lejos de ser un acto de caridad. El FMI ha pedido a cambio que se lleve adelante un ajuste fiscal que el diario Clarín ha calificado de duro y que obligará a «una tarea ciclópea» por parte del Estado.

En virtud de lo pactado, la inflación del 2019 debe llegar al 17%, y descender gradualmente hasta el 9% en el 2021. En cuanto a los objetivos fiscales, se ha pactado que el gasto público represente en el 2018 el 2,7% del PIB y se llegue tres años más tarde a un superávit primario del 0,5%. El organismo exigió además fortalecer la autonomía del Banco Central, sanearlo y que deje de financiar al Tesoro. Deben reducirse de manera drástica los bonos en moneda nacional conocidos como Lebacs, que tienen rendimientos anuales de un 40% y fomentan la especulación y la fuga de capitales.

El anuncio se conoce en medio de un creciente conflicto social por los costos de la inflación, que este año perforará la barrera del 30%, la pérdida del poder adquisitivo por una devaluación superior al 20% solo en mayo, los tarifazos y otra escalada de los niveles de pobreza, superior al 30%. El sindicalismo discute la posibilidad de llamar a la huelga general. «El plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente», dijo el Gobierno del presidente Mauricio Macri. «Por primera vez en la historia en un programa con el FMI, hay una salvaguarda que permite incrementar el gasto social si el Gobierno argentino lo considerara necesario. Esto significa que en caso de que la economía no creciera como esperamos, podrán realizarse ampliaciones de gasto», subrayaron desde el Gobierno.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, felicitó a las autoridades argentinas por haber llegado a un acuerdo que «pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos». El FMI reconoce que el coste del ajuste es alto. «Si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales», subrayó.

«Argentina asume un compromiso más allá de la presidencia de Mauricio Macri, que compromete a cualquier Gobierno que venga», dijo el columnista de La Nación Carlos Pagni. A su juicio, en los mercados volverá a instalarse la idea de que, con este respaldo del FMI, el presidente Macri «recupera muchas posibilidades políticas» de cara a los comicios del 2019. Lo mismo cree el Gobierno. «Me suena a más de lo mismo: puras metas optimistas, usando crédito del FMI en vez de bancos privados», dijo Carlos Rodríguez, exfuncionario del Gobierno de Carlos Menem (1989-99).

Un grupo de economistas reunidos en la agrupación Convergencia XXI consideró que «el remedio con el que se está tratando de paliar el peligroso descalabro económico en curso es peor que la enfermedad». Para los especialistas se profundizará la «concentración de riqueza» y la «extranjerización de decisiones».

Desde que llegó Macri al poder, en el 2015, Argentina ha tomado préstamos por 132.000 millones de dólares que han servido para mitigar el déficit fiscal, los problemas del comercio exterior y favorecer la fuga de capitales. «Conforme a nuestra propia experiencia, los resultados de los acuerdos con el FMI han tenido siempre un final parecido: han dejado gran cantidad de afectados y han tendido a esparcir la indigencia por todo el territorio nacional», advierte Convergencia XXI.