Filipinas advierte a la ONU de "consecuencias" si investiga la guerra contra las drogas

"Es una locura", ha dicho Rodrigo Duterte. El presidente filipino aludía a la investigación encargada por la ONU sobre la guerra contra las drogas que ha sembrado su país de cadáveres. Tanta mesura para los parámetros presidenciales habrá decepcionado a sus seguidores, acostumbrados a que tilde de idiotas a quienes le exigen explicaciones sobre su icónica campaña. Ni siquiera se ha negado en redondo a la iniciativa. "Veremos qué propósito tienen", ha avanzado.

Pero su ministro de Exteriores, Teodoro Locsin, ya ha anunciado que "habrá consecuencias" que no ha aclarado y que rebatirán un informe que intuye crítico. "No aceptaremos una resolución políticamente parcial y desconectada de la verdad", reveló tras conocerse el acuerdo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Filipinas se había esforzado en detenerlo pero su diplomacia carece del peso de la china.

La medida fue propuesta por Islandia y recibió 18 adhesiones, 14 votos en contra y 15 abstenciones. Entre los partidarios figuran presuntos aliados de Manila como Reino Unido o Australia. El resultado decepcionó a Locsin y precipitó un giro diplomático: "Pasaremos de ser amigos de todos y enemigos de nadie a ser amigos de nuestros amigos, enemigos de nuestros enemigos y los peores enemigos de los falsos amigos".

UN AÑO DE INVESTIGACIONES 

La resolución faculta a Michelle Bachelet, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, a investigar durante un año los miles de asesinatos y entregar las conclusiones en un año. El aplauso fue unánime entre los activistas. Human Rights Watch describió la decisión como un paso "modesto pero vital" que marca el "inicio de la fiscalización de miles de asesinatos".

Es "crucial" para Amnistía Internacional porque "otorga esperanza" a las familias que se oponen a las políticas de Duterte. Esta organización había descrito la guerra contra las drogas como "una empresa dedicada a los asesinatos a gran escala y en la que los pobres siempre pagan el precio más alto" en un informe publicado esta semana.

La guerra contra las drogas ha escandalizado a activistas y gobiernos desde que Duterte la emprendiera tras alcanzar la presidencia en 2016. Proclamó que sería feliz si pudiera masacrar a los cuatro millones de drogadictos filipinos, prometió llenar la bahía de Manila de cadáveres, aconsejó abrir funerarias y concedió inmunidad a los policías que disparasen a los drogadictos. Así ganó las elecciones y conserva un apoyo masivo. Incluso sus hijos han registrado recientes victorias en elecciones locales.

ACABAR CON LOS DROGADICTOS 

Los activistas hablan de entre 12.000 y 20.000 muertos mientras Manila reconoce solo 5.200 y acusa a los críticos de ignorar la magnitud del problema nacional con las drogas. Su receta es inédita: acabar con la droga acabando con los drogadictos. La policía sostiene que solo dispara a los que se resisten al arresto, la oposición denuncia crímenes contra la humanidad y las organizaciones de derechos humanos hablan de asesinatos por vigilantes y escuadrones de la muerte amparados por el Estado. La connivencia del Estado y policía con los enmascarados que siembran las calles de cadáveres es una denuncia recurrente.

Sólo algunos episodios cíclicos especialmente brutales rebajan durante algunas semanas el entusiasmo social por la campaña. El último ocurrió el mes pasado. Una niña de tres años se convirtió en la víctima más joven tras recibir un balazo en la cabeza cuando la policía buscaba drogas en su vivienda. "Son cosas que pasan", resumió Ronald de la Rosa, senador y antiguo jefe policial.