Un terreno de juego desnivelado». Así han descrito el proceso del pasado domingo los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) desplazados a Turquía con motivo del referéndum. Su informe preliminar de conclusiones ha adoptado un tono más duro que el texto publicado antes de la votación. «Los votantes no contaron con información imparcial sobre los aspectos clave de la reforma y las organizaciones de la sociedad civil no pudieron participar -indica el documento emitido ayer-. Bajo el estado de excepción puesto en marcha tras el fallido golpe de Estado del julio del 2016, se restringieron las libertades fundamentales esenciales para un auténtico proceso democrático». Un estado de excepción, por cierto, que se prolongará al menos tres meses más, según se anunció ayer.

El texto abunda en las limitaciones sufridas por la campaña del no a las reformas constitucionales y en la turbia atmósfera creada por el despido de miles de personas en la purga que siguió a la asonada. La OSCE concede que «los aspectos técnicos del referéndum estuvieron bien administrados y la jornada electoral procedió correctamente», pero lamenta «cambios de última hora en el proceso de escrutinio», motivo de protesta por parte de la oposición. «La Comisión Electoral emitió avanzado el día instrucciones que cambiaron de manera significativa el criterio de validez, minando una importante salvaguarda y contradiciendo la ley», apunta el informe.

A esta irregularidad se agarra el opositor Partido Republicano Popular (CHP, socialdemócrata laico, y que hizo campaña por el no) como a un clavo ardiendo. El CHP considera un escándalo que la Comisión Electoral aceptara como válidas las papeletas sin sello oficial a mitad del proceso de escrutinio. Por eso, adelantó que presentará las irregularidades ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Al menos 2.000 personas salieron a protestar ayer en las calles de Estambul, y hubo también manifestaciones en Ankara.

El Gobierno turco no ha tardado en responder a la OSCE. El Ministerio del Interior calificó de «inaceptables» estas alegaciones, lamenta «las acusaciones motivadas políticamente» del informe, y le deja un recado a la organización: el 85% de participación «podría servir de ejemplo para otros estados miembros de la OSCE». «Nunca haremos caso a los informes que hagan. Que digan lo que quieran», clamó el presidente, Recep Tayyip Erdogan.

PRUDENCIA Y DIÁLOGO / Con el ambiente tan enrarecido no solo en Turquía (cuya total división de opiniones políticas quedó evidenciada el domingo en las urnas), sino también en las relaciones con sus socios europeos, distintos líderes de la Unión Europea (UE) se pronunciaron con prudencia y abogando por el diálogo entre las dos Turquías, como es el caso de la Comisión Europea. «A la vista del resultado del referéndum y las profundas implicaciones de las enmiendas constitucionales, hacemos un llamamiento a las autoridades turcas a que busquen el consenso nacional más amplio posible para su puesta en marcha».

El mensaje se repitió entre los líderes de Alemania y Francia, y también el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, deseó que las reformas se pongan en marcha «de la manera más consensuada posible para evitar las divisiones en el seno del pueblo turco». Por su parte, el primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, manifestó su extrañeza por «ver a la democracia reducir la democracia».

Además, las instituciones europeas aseguraron que, con estos cambios, evaluarán las posibilidades de Turquía como país candidato a la adhesión, que descarrilarían por completo de reintroducirse la pena de muerte, como Erdogan ha insinuado repetidamente. Ankara cree que es momento de reevaluar sus relaciones con la UE, por la que un gran segmento de la población no siente simpatía alguna. El presidente volvió a prometer ayer sendos referéndums para ambas cuestiones.