Pedro Sánchez tiene sobre la mesa una creciente presión para interrumpir la venta de armas a Arabia Saudí y el cálculo millonario de los contratos que España perdería si el Gobierno toma una decisión semejante. El caso Khashoggi pone en un brete al Ejecutivo y le sitúa en un equilibrio complicado en el que el presidente habría acabado por asumir que las críticas que se va a llevar por no poner fin a la exportación de armamento a Riad son un mal menor comparado con la eventual ruptura de contratos astronómicos de la monarquía saudí con importantes empresas españolas.

Fuentes gubernamentales indican a este diario que, ante el «escaso margen» de actuación, lo previsto es limitarse a pedir explicaciones públicas por un acto de «extrema gravedad» sin que este discurso se traduzca en ninguna decisión práctica. Es decir, España mantendrá sus relaciones comerciales con Riad, aseguran dichas fuentes.

Salvo sorpresas, ese es el discurso que Sánchez llevará ante el Congreso el miércoles. Cuando el jefe del Ejecutivo comparezca, ya se conocerán las conclusiones de las investigaciones sobre el presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El presidente turco, Tayyip Erdogan, tiene previsto desvelar hoy mismo los resultados de las pesquisas y todo apunta a que se confirmará la hipótesis de la muerte violenta a cargo de agentes saudíes en la embajada de este país en su capital, Ankara.

La Moncloa no tiene en sus planes adoptar medidas drásticas contra el régimen de Riad. Desde el Gobierno subrayan que la posición española es mucho más delicada que la de otros países, como Alemania, que este domingo anunció que deja de vender armas a los saudíes como represalia por el caso Khashoggi. Varios factores dificultan la posición de Sánchez. España es el cuarto país del mundo que más armas exporta a Arabia Saudí. Entre ese material se encuentran las cinco fragatas construidas por Navantia en los astilleros de San Fernando (Cádiz), por un importe de 1.800 millones de euros. En pleno arranque de la precampaña de las elecciones andaluzas, admiten en la Moncloa, el Gobierno no quiere arriesgar ese contrato, máxime cuando ya estuvo a punto de perderlo en septiembre. Entonces, la titular de Defensa, Margarita Robles, anunció la paralización de la venta de 400 bombas a Riad, y los saudíes amenazaron con dinamitar toda relación, por lo que Sánchez desautorizó a la ministra.

En el sector armamentístico operan también otros intereses, como los 48 Eurofighter adquiridos por Arabia Saudí a Airbus, parte de los cuales se fabrican en Getafe (Madrid). Las compañías españolas suman contratos por más de 17.000 millones de euros en infraestructuras como el metro de Yeda, La Meca o Medina; plantas petroquímicas, generación eléctrica y desalinizadoras son algunos de los proyectos clave que se podrían perder, subrayan fuentes empresariales.

FRENTE EN LA OPOSICIÓN / El caso Khashoggi se está convirtiendo en un dolor de muelas para el Gobierno. Ayer, en la comisión de Defensa del Congreso, el PSOE tendrá que hacer frente a varias propuestas de Unidos Podemos, ERC, PDECat y Compromís, que piden la suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí y todos los países implicados en conflictos armados o que vulneren los derechos humanos.

En cambio, el PP exige a Sánchez que no ponga en juego los contratos de las empresas españolas y subraya que el Ejecutivo debe garantizar que se ejecute como estaba previsto el compromiso con Navantia. Ciudadanos apela a la prudencia y pide al presidente que proteja los intereses comerciales de las empresas españolas el el Golfo Pérsico.