Un tribunal penal de El Cairo confirmó ayer las condenas a muerte para 75 acusados, en la macrocausa contra 739 personas en el marco de la matanza perpetrada por el Ejército en la plaza cairota de Rabaa al Adauiya el 14 de agosto de 2013, en la que murieron al menos 800 civiles, la gran mayoría islamistas.

Los condenados formaban parte de las miles de personas que protagonizaron una acampada en esa plaza y en la de Al Nahda, situada en el distrito de Giza, también en la capital cairota, para protestar contra el golpe de Estado militar que el 3 de julio de ese mismo año había echado del poder a Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto.

El fallo judicial confirma las condenas a la horca dictadas el pasado 28 de julio y que fueron remitidas entonces al muftí, la máxima autoridad religiosa del país, para que emitiera una opinión no vinculante. Los condenados han sido hallados culpables de asesinato, incitación a la violencia y organización de protestas ilegales. Durante el violento desalojo de ambas plazas, las autoridades confirmaron la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad.

PENAS A MENORES / El tribunal confirmó además cadena perpetua para el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badia, que ya tiene acumuladas cinco con esta, y a otros 46 acusados. Osama Mohamed Mursi, hijo del depuesto presidente, quien se encuentra cumpliendo prisión de por vida y que fue en su día condenado también a muerte, ha recibido una pena de 10 años de prisión. Además, el tribunal sentenció a 374 personas a 15 años, y a 22 menores a penas de 10 años «no severas». De los 739 acusados, 315 estaban presentes en el juicio, 419 huidos de la justicia y cinco ya han fallecido.

Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido procesado por las matanzas. Para Amnistía Internacional, este hecho «muestra la burla a la Justicia que ha sido este proceso». Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando al régimen egipcio, dominado una vez más por los militares, y al que acusan de violar los derechos humanos de manera sistemática. En julio, Egipto aprobó una ley que confiere inmunidad por actos cometidos entre 2013 y 2016 a los oficiales del Ejército, que no pueden ser investigados.