La crisis política ecuatoriana se encontraba este domingo en un falso punto muerto después de una madrugada de cacerolazos en la capital y otras zonas del país. Más allá de la calma aparente de un domingo, el estallido social desatado por el alza del precio de los combustibles espera un desenlace inminente. Para atenuar los alcances de la protesta, el presidente, Lenín Moreno, decretó el toque de queda en Quito, la capital, y los valles que la rodean. Pero al mismo tiempo, anunció desde su cuenta de Twitter que "revisará" el decreto que encendió la mecha del conflicto para atender a la reclamación de las organizaciones indígenas.

La Confederación de Entidades Indígenas de Ecuador (Conaie) no solo exigió la eliminación de esa medida que perjudica especialmente a los usuarios del transporte público sino frenar la reforma laboral que se impulsa en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En virtud de los 4.200 millones de dólares concedidos por el organismo financiero, el Gobierno prepara un severo ajuste económico en el Estado. Tras diez días de manifestaciones y para compensar la reducción de los salarios y las vacaciones de los empleados públicos, Moreno informó que promoverá "un impuesto para grandes empresas" de modo que "aquellos que más ganan serán quienes más contribuyan al país".

La Conaie expresó su voluntad de intentar un "acercamiento" con el Poder Ejecutivo y así "evitar un baño de sangre" que ya tiene su anticipo en "la brutal represión". "Sostendremos las acciones de movilización en cada uno de los territorios, exhortando al Gobierno para que existan las debidas garantías", agregí la entidad. Cada una de las partes parece saber de antemano que el diálogo, todavía sin fecha precisa, está destinado al fracaso.

BALANCE DEL CONFLICTO

Las comunidades originarias han denunciado la muerte de más de cinco personas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de decenas de heridos y casi un millar de detenidos. En medio de la vigencia de toque de queda en la capital y el estado de excepción en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al Estado la "obligación" de garantizar derechos fundamentales de la población; "en particular, la vida, la integridad personal y libertad".

El Gobierno por su parte subraya el coste económico del conflicto social. Moreno cuenta no solo con el apoyo militar sino de los grandes medios de comunicación. En su editorial del domingo, El Comercio justificó las medidas efectuadas para "defender la integridad de los vecinos de la capital y los bienes públicos y privados". Sobre la decisión de la Conaie de dialogar con Moreno, El Comercio consideró que el movimiento indígena se ve obligado a desmarcarse del expresidente Rafael Correa, a quien el Gobierno señala como principal instigador de los actos de violencia. En efecto, las comunidades han tenido un historial de roces con Correa y las actuales autoridades tratan de capitalizar esos antiguos desacuerdos.

Desde Bélgica, donde reside, Correa cree que su exdelfín, quien rompió con la Alianza País apenas llegado a la presidencia, tiene los días contados."Moreno nos engañó a todos, pero siempre les dije que era cuestión de tiempo. Lamentablemente no me equivoqué", dijo Correa.