Las empresas extranjeras que operan en Cuba han quedado atrapadas en el fuego cruzado de la ofensiva lanzada por la Administración de Trump para endurecer el embargo sobre la isla y asfixiar a la economía cubana. La Casa Blanca activó la semana pasada el título III de la ley Helms-Burton, que llevaba suspendido desde 1996, una cláusula que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a las compañías que explotan o se benefician de cualquiera de las propiedades confiscadas por la Revolución desde 1959, cuando comenzó la campaña de nacionalizaciones. La activación de la ley ha dejado a las empresas españolas expuestas a una potencial lluvia de demandas, particularmente las hoteleras, las aerolíneas y los bancos, según los expertos. Los primeros litigios ya se están cocinando.

Todos los presidentes desde Clinton suspendieron el título III de la ley Helms-Burton para evitar los conflictos diplomáticos con sus aliados. Pero Trump ha ignorado esas consideraciones en su intento de hundir a los regímenes socialistas de América Latina y ganar votos en Florida. Su Administración ha definido a Cuba, Venezuela y Nicaragua como la «troika de la tiranía».

La ley ampara demandas contra empresas que «trafiquen» con las propiedades confiscadas en Cuba, un término que contempla desde el alquiler a la gestión pasando por la obtención de cualquier tipo de beneficio. «Hay un nivel bastante alto de preocupación entre las compañías europeas porque la redacción de la ley da pie a interpretaciones muy amplias y todavía no se sabe cómo se va a aplicar», dice Gustavo Membiela, abogado del despacho Hunton Andrews Kurth. Los cubano-americanos que llevan años impulsando el título III hacen la siguiente analogía: si compras leche de una vaca que se come la hierba en una granja que fue confiscada a mi familia, eres susceptible de ser demandado.

Esa laxitud pone, por ejemplo, a tiro a los bancos. «Las empresas españolas que están más nerviosas son Iberostar y Meliá, pero también aquellas que tienen fábricas en Cuba y las que han estado prestando servicios financieros», dice otro abogado sin autorización para hablar públicamente. España es el mayor inversor extranjero en Cuba, si se tiene en cuenta que China y Venezuela tienen acuerdos especiales. 269 de sus empresas operan en la isla generalmente en régimen de empresa mixta. Sus cadenas hoteleras, que incluyen también a Blau, NH o Globalia, gestionan cerca de la mitad de la oferta del sector. Pero hay también compañías de logística, alimentación, maquinaria, construcción o bancos como el Sabadell y el BBVA.

EMPRESA MIXTA / Nick Gutiérrez es consultor legal de varios bufetes y familias que preparan reclamaciones bajo la ley Helms-Burton. «Estamos preparando demandas contra Meliá, Blau, Iberostar por el tráfico de propiedades confiscadas en Holguín, Varadero, Cienfuegos y Jibacoa», dice a este diario. También contra El Salado Resort, del Grupo Globalia, que firmó el año pasado un acuerdo con Cuba para invertir en régimen de empresa mixta 1.000 millones de dólares en un complejo de apartamentos, hoteles y campos de golf en una playa que habría pertenecido a la familia Castillo-Pokorny.

Otros de sus objetivos serán las empresas instaladas en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, proyecto estrella del castrismo para atraer a la inversión extranjera. Esas tierras pertenecieron a varias familias hoy cubano-americanas que tenían allí ingenios azucareros y plantaciones de caña, según Gutiérrez. Al menos ocho compañías españolas operan en Mariel. «Iremos contra todas las que tengan presencia en EEUU», afirma el abogado. Esa condición permitiría a las autoridades de EEUU aplicarles embargos de bienes si son condenadas a pagar indemnizaciones y se resisten a hacerlo.

Esta misma semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, viajó a Cuba para tranquilizar a las compañías españolas y trasladarles el apoyo del Gobierno. De su lado tienen varios mecanismos aprobados por la UE.