De las 2.551 familias que Donald Trump rompió en la frontera de Estados Unidos con México con su decisión de aplicar entre mayo y junio una política de «tolerancia cero» con la inmigración irregular, más de la mitad seguían rotas el pasado martes, el último día del que hay datos oficiales. El miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguraba en un tenso encuentro con congresistas a puerta cerrada que la Administración está «en camino» de cumplir la orden del juez federal Dana Sabraw, que hace un mes marcó el jueves 26 como plazo límite para reunificarlas a todas.
El magistrado apunta a la «profundamente preocupante realidad de este caso», en el que se hacen evidentes el caos y la confusión, además del trauma y el dolor que ha causado la falta de coordinación en las acciones del Gobierno de Trump. El pasado mes, el dirigente se vio obligado a poner fin a la separación de familias y ya hace dos semanas incumplió el plazo para reunificar las proles con niños menores de cinco años. Y mientras, cientos de familias, incluyendo 463 en que los adultos ya no están en EEUU, quizá no puedan volver a reunirse en años. O nunca.
«Parte de esta información es desagradable, es la realidad del caso, de aplicar una política que resultó en altos números de familias separadas sin pensar previamente en la reunificación y sin mantener un registro de la gente», decía el martes el juez en un tribunal de San Diego. Y aunque en esa sesión Sabraw calificaba de «logro destacable» el trabajo realizado por el Gobierno para reunificar a los primeros 1.012 padres con sus hijos, no escatimaba reproches. «Hay que tener un registro», aseveraba.
Decisión angustiosa
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), activistas de derechos humanos y quienes defienden a los inmigrantes reclaman más. Y en la vista del martes, por ejemplo, la ACLU urgió al juez Sabraw a ampliar a siete días el plazo de los inmigrantes para que, una vez que se ha producido la reunificación con un menor y se espera la deportación, adopte una angustiosa decisión: llevarse a los hijos de retorno a sus países de origen o dejarlos en EEUU para que los menores planteen sus propios casos de asilo. El Ejecutivo cree que con cuatro días ya es suficiente. Y el juez dijo que decidirá hoy viernes.
Una de las principales preocupaciones es el futuro de 917 familias que, según los datos oficiales, difícilmente podrán reunirse. Hay 260 de esos casos en revisión y en otros 64 se ha determinado que los padres son «no elegibles», bien porque tienen antecedentes criminales o porque no han podido demostrar su paternidad de los menores. Pero más grave es la situación de otros dos grupos: los 463 adultos ya deportados y los 130 que han renunciado al derecho de reunificación.
Sobre los primeros, John Sandweg, que entre el 2013 y el 2014 fue director de la polémica agencia ICE que se encarga de aplicar las leyes de aduanas e inmigración, explicaba a The Guardian que debe abordar situaciones muy complejas. «Cuando tienes a un padre en Centroamérica sin dinero para contratar abogados y sus niños en EEUU van a pasar años hasta que las familias se puedan reunir, si alguna vez lo logran».
Sobre los segundos, quienes han renunciado a la reunificación, la denuncia más repetida por activistas y abogados es que en muchos casos los adultos, que a menudo son analfabetos, han firmado papeles sin saber a lo que estaban dando su consentimiento. Y, a menudo, bajo coacción o desinformación interesada de las autoridades, que a veces les han asegurado que podrían reunirse con sus hijos si aceptaban su deportación.
