En todas las grandes crisis los gobiernos se ven obligados a tomar medidas excepcionales. Ocurrió tras los atentados del 11-S, con el rescate financiero en el 2008, con el éxodo de personas refugiadas en el 2015 y, ahora, con el coronavirus. La ONU ha calificado la crisis actual como la «más difícil» desde la segunda guerra mundial. Las consecuencias no serán solo económicas y sociales: las organizaciones de derechos humanos ya están alertando de que la democracia puede convertirse en una víctima colateral de la pandemia.

Las medidas drásticas que se han ido aprobando a contrarreloj para poner coto a los contagios suponen una restricción sin precedentes de las libertades fundamentales. La medida más efectiva y la más extendida es el confinamiento de la población, aunque en la mayoría de países se ha puesto en marcha demasiado tarde. La ciudadanía lo ha asumido como un mal menor y necesario y ha aceptado quedarse en casa a pesar de que supone limitar su libertad de movimiento y renunciar a derechos civiles, pilares de la democracia. Acciones tan cotidianas y saludables como salir a pasear o a hacer ejercicio fuera de casa son ahora actos prohibidos y castigados.

Dirigentes de toda índole, no solo autoritarios, aprovechan esta situación para apuntalar más su poder. La crisis del covid-19 ha creado un escenario propicio para ello, ya bien abonado estos últimos años. Freedom House, una organización que rastrea la buena salud de las libertades políticas e individuales en el mundo, detectó en el pasado 2019 que 64 países se habían vuelto menos democráticos.

Uno de los países en retroceso es Hungría, miembro de la UE, que ha dado un nuevo golpe de autoritarismo. Su primer ministro, Viktor Orbán, se ha regalado la potestad de gobernar por decreto «de manera indefinida» y de imponer castigos draconianos a quienes difundan «noticias falsas». En Filipinas, el presidente Rodrigo Duarte ha ordenado al Ejército y a las fuerzas de seguridad disparar a matar a quienes se salten el confinamiento.

La crisis sanitaria ha forzado también a posponer contiendas electorales en muchos países, como Francia, Reino Unido, Bolivia, Serbia o Macedonia y ha paralizado las primarias del Partido Demócrata. Una de las medidas anticontagio más controvertidas que se están estudiando son los llamados sistemas de vigilancia digital invasiva, en marcha ya en algunos países siguiendo los pasos de China, Corea del Sur, Singapur o Hong Kong.

MODELO CHINO / En Israel, por ejemplo, los servicios de inteligencia tienen luz verde para usar la tecnología secreta que utilizan en la lucha antiterrorista para rastrear los móviles de las personas infectadas con el covid-19 y aquellas con las que hayan estado en contacto. Moscú, por su parte, ha seguido el modelo chino y ha decidido controlar a los moscovitas a través de un código QR personal. «Las iniciativas de los estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistema de vigilancia digital invasiva», alertan decenas de asociaciones de defensa de derechos de todo el mundo». La cuestión es si estas medidas de emergencia se levantarán en su totalidad y paulatinamente con la misma rapidez con la que se han impuesto una vez pasada la pesadilla o si, por el contrario, habrá estados que optarán por mantenerlas en el tiempo, en especial aquellas que permiten el control de las personas.