La expresidenta de Argentina Cristina Fernández solicitó el jueves a tres tribunales un permiso para poder viajar a Cuba para acompañar a su hija, Florencia Kirchner, que recibe tratamiento médico en La Habana.

La también senadora prevé viajar entre el 20 y el 30 de abril a la capital cubana, donde su hija se encuentra hospitalizada desde el pasado marzo, informó la agencia de noticias estatal Télam.

Carlos Beraldi, abogado de Fernández, formuló la petición ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como "Vialidad" (Tribunal Oral Federal (Tof) número 2), "Los Sauces" (TOF 5) y "Hotesur" (TOF 8).

Los jueces de cada tribunal deberán dictaminar si tiene o no autorización para a viajar.

El pasado 14 de marzo, Fernández explicó que su hija, de 28 años, estaba siendo tratada en La Habana por los "problemas de salud" provocados por la "persecución feroz" a la que la somete la Justicia, que acusa a ambas de corrupción.

Florencia Kirchner, hija de Fernández y el fallecido exgobernante argentino Néstor Kirchner (2003-2007), viajó el pasado febrero a Cuba para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo "su estado de salud se había deteriorado sensiblemente" y en el momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.

En la publicación de Twitter donde compartió la noticia, adjuntó una fotografía del informe médico del Cimeq, el prestigioso hospital donde fueron atendidos los ya fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, que señala como "diagnóstico principal" trastorno de estrés postraumático.

Según el centro médico, todavía no ha terminado el "estudio integral" de la paciente, que recibe "tratamiento fisioterapéutico diario".

En su pasada estancia en Cuba, la exjefa de Estado se entrevistó con el expresidente Raúl Castro -líder del gubernamental Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)- y con el actual mandatario, cubano, Miguel Díaz-Canel, en el cargo desde abril de 2018 en reemplazo de Castro.

Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano Máximo y su madre, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en relación con las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su gobierno.