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Corrupción

Condenan a 39 años de cárcel a exalcalde de Bogotá por contratación irregular

El juez del caso encontró a Moreno culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión y cohecho propio

 

Samuel Moreno fue condenado a más de 39 años de cárcel. - AGENCIAS

El Periódico
16/02/2019

El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno fue condenado el viernes a más de 39 años de cárcel por la contratación irregular de la tercera fase del sistema de transporte masivo Transmilenio, la malla vial y la valorización de la ciudad.

"Condena ejemplar. Por petición de Fiscalía, juez sentenció a 39 años y ocho meses de prisión, multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes e impuso inhabilidad vitalicia para desempeñar cargos públicos al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas", indicó el ente judicial y de control en su cuenta de Twitter.

El juez del caso encontró a Moreno culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concusión y cohecho propio.

En la investigación se pudo probar que, "en merced del poder que ostentaba como alcalde mayor de Bogotá usó esa posición para intervenir y permear de cerca el Instituto de Desarrollo Urbano, manteniendo el control para decisiones trascendentales que terminaron en ceder contratos, apoderarse de anticipos y adjudicar contratos a dedo".

Por lo anterior, el juez ordenó enviar a Moreno al centro carcelario La Picota de Bogotá.

Moreno lleva seis años privado de la libertad para cumplir una condena previa a 24 años de prisión por el delito de corrupción en el caso de la adjudicación ilegal de contratos para operar el servicio de ambulancias en Bogotá.

En ese caso, el contrato involucra al Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá en un contrato por 67.000 millones de pesos (unos 22,8 millones de dólares).

A raíz de este escándalo, Samuel Moreno Rojas, que es nieto del expresidente de facto colombiano general Gustavo Rojas Pinilla, fue suspendido del cargo en mayo de 2011 por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, y detenido en septiembre del mismo año.