El ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, confirmó ayer la muerte de Óscar Pérez --el oficial de la Brigada de Acciones Especiales que en junio pasado secuestró un helicóptero desde el cual disparó contra el Ministerio de Justicia--, durante una acción de las fuerzas de seguridad en la que murieron dos policías y siete «terroristas», como los denominó el presidente Nicolás Maduro. Pero las palabras del ministro están lejos de esclarecer los incidentes. La Asamblea Nacional (AN) quiere saber si Pérez fue ejecutado extrajudicialmente. Reverol insinuó que el ya exinspector policial pudo haber sido «entregado» como parte de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la oposición para encontrar una salida política a la crisis.

Cuando habían pasado más de 24 horas desde el incidente anuncio de la desarticulación de una «peligrosa célula», el ministro ofreció la versión oficial de la muerte de Pérez y sus acompañantes, entre ellos una mujer.

Las fuerzas de seguridad llegaron a ubicar a Pérez 40 kilómetros al norte de Caracas gracias a la entrevista que había concedido a la CNN el viernes, en la que el exinspector llamó a derrocar en las calles a Maduro, y aseguró que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) «vendió su conciencia» al conversar con el Gobierno venezolano en la República Dominicana. Reverol ha hecho en ese sentido una sugerente revelación: «Algunos dirigentes políticos nos suministraron información para dar con la célula terrorista».

En medio del enfrentamiento que terminó con su vida, Pérez publicó en su cuenta de Instagram varios vídeos en los que se le observaba aparentemente herido. En ellos aseguraba estar siendo asediado por la policía y manifestaba su deseo de entregarse. En este contexto, la Asamblea Nacional ha aprobado crear una comisión especial que investigue lo sucedido. «Hay muchas dudas. Solamente tenemos preguntas, y el Estado debe responderlas», dijo la diputada Delsa Solórzano.