Haya o no acuerdo sobre el 'brexit', el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea el 30 de marzo del 2019. Una fecha marcada en rojo en el calendario que tendrá repercusiones tanto para los ciudadanos como para las empresas y las administraciones públicas. A menos de nueve meses de la fecha, la Comisión Europea ha urgido a autoridades locales, regionales y nacionales, así como a los operadores económicos, a “acelerar” e “intensificar” los preparativos ante todos los escenarios posibles, incluido un eventual fracaso de las negociaciones y un 'brexit' sin acuerdo.

No es el escenario preferido en la mesa de negociaciones por los 27 porque “el coste sería desproporcionadamente alto”, admite un alto cargo europeo, pero dada la volatilidad política en Londres “nadie sabe qué va a ocurrir” ni se descarta el temido 'brexit' caótico. “Todos esperamos que haya un acuerdo de salida porque haría las cosas más fáciles, pero necesitamos prepararnos para un no acuerdo y hay que acelerar los preparativos”, asegura la misma fuente.

Hace ya nueve meses que la Comisión creó un grupo de trabajo dedicado a coordinar los preparativos para minimizar las perturbaciones que inevitablemente causará el divorcio. Este jueves han presentado su primera comunicación en la que detallan los distintos escenarios posibles y las consecuencias derivadas de cada uno de ellos.

Dos escenarios de trabajo

Si no se ratifica el acuerdo antes del 30 de marzo del 2019, no habrá periodo transitorio y la legislación europea dejará automáticamente de aplicarse en el territorio británico al convertirse Reino Unido en un país tercero. Los derechos de los ciudadanos (europeos y británicos) quedarán desprotegidos, regresarán los controles en las aduanas y la verificación de los estándares sanitarios y fitosanitarios, el transporte entre el Reino Unido y la Unión Europea se verá severamente afectado con grandes retrasos en los puertos y en el transporte por carretera.

En caso de acuerdo, el Reino Unido podrá beneficiarse de un periodo transitorio de 21 meses, hasta el 1 de enero de 2021, que facilitará la tarea aunque seguirá siendo un país tercero. Esto significa que dejará de disfrutar de las ventajas que le corresponden como Estado miembro. No podrá participar en el proceso de toma de decisiones pero tendrá que seguir aplicando la legislación europea.

Planes de contingencia

Ante la incertidumbre que rodea a las negociaciones, además de medidas preparatorias Bruselas pide también planes de contingencia. “No es un signo de desconfianza en las negociaciones. La Comisión está dedicando muchos recursos y esfuerzos a conseguir un acuerdo y este sigue siendo nuestro objetivo aunque el resultado de las negociaciones es impredecible”, señalan. La publicación del informe coincide con la primera visita este jueves a Bruselas del nuevo negociador británico, Dominique Raab, para reunirse con Michel Barnier.