En cien días se producirá el primer divorcio dentro de la Unión Europea. El Reino Unido abandonará el club el 29 de marzo del 2019 y, dada la incertidumbre política en el Parlamento británico, en Bruselas han optado por adelantar acontecimientos, ponerse en modo crisis y acelerar los preparativos por si el fin del matrimonio se produce de forma abrupta. Sobre la mesa, catorce propuestas legislativas concretas para minimizar las consecuencias de un «no acuerdo» sobre sectores potencialmente claves para ciudadanos y empresas, como el tráfico aéreo y el transporte por carretera, el comercio, las aduanas, los servicios financieros o los derechos de los ciudadanos.

Las medidas, que no se aplicarán al territorio de Gibraltar, no mitigarán al 100% el impacto de un «no acuerdo». Para empezar porque ni replicarán los beneficios que otorga la pertenencia al club ni tampoco el contenido de los términos pactados entre Londres y Bruselas para el periodo transitorio de 21 meses que seguirá a la salida de Reino Unido de la UE y cuyo objetivo es garantizar una salida sin sobresaltos. Sin embargo, son medidas consideradas «vitales» para proteger los intereses de la UE y, sobre todo, garantizar un aterrizaje suave en sectores donde el impacto puede causar «desórdenes graves».

Ha sido uno de los elementos centrales de la negociación durante los últimos diecisiete meses: garantizar los derechos de los más de tres millones de europeos que residen en Reino Unido y del millón de británicos que lo hacen en algún Estado miembro. La Comisión Europea ya presentó a mediados de noviembre una propuesta de reglamento que exime de la obligación de solicitar visado a los ciudadanos británicos que viajen a la UE para estancias cortas (siempre que Reino Unido adopte una medida recíproca similar). Ahora invita a los gobiernos de la UE a adoptar una estrategia «generosa» y «pragmática», con medidas que garanticen que los británicos que residen de forma legal en sus respectivos territorios en la fecha de salida seguirán siendo considerados residentes legales. En este terreno, Bruselas también considera necesario adoptar medidas para garantizar la coordinación de la seguridad social.

El objetivo es evitar una interrupción total del tráfico aéreo entre el Reino Unido y la UE -lo que ocurrirá en caso de no acuerdo- y garantizar una conectividad básica entre la isla y el continente, siempre y cuando el Gobierno británico garantice las mismas reglas del juego para las aerolíneas europeas. Para ello, Bruselas propone una tregua de doce meses de forma que las aerolíneas que operan entre el Reino Unido y alguno de los 27 Estados miembros puedan seguir volando temporalmente a través del espacio europeo.

LAS LICENCIAS / No podrán utilizar, en cambio, los aeropuertos europeos como escala en sus servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga. Además, en este ámbito, Bruselas propone extender nueve meses la validez de las licencias de seguridad aérea y otros nueve meses los permisos para que los operadores británicos puedan seguir importando bienes a la UE, siempre y cuando el Gobierno británico conceda derechos similares a los aviones de carga europeos.

La UE está dispuesta a permitir que los transportistas británicos sigan cruzando el Canal de la Mancha e importando mercancías a la UE aunque durante un periodo limitado de nueve meses que expirará el 31 de diciembre de 2019. Hasta entonces, podrán continuar, siempre y cuando Londres garantice el mismo derecho para los transportistas europeos. En el caso del transporte de pasajeros, tanto coches como autobuses podrán circular con normalidad sin restricciones. La única condición es que los vehículos (y los conductores) cumplan con las reglas internacionales.

Los planes de contingencia no incluyen medidas para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero la Comisión Europea ha reiterado que sigue comprometida con el programa Peace, diseñado hace casi un cuarto de siglo para apoyar el proceso de paz y reconciliación. Los planes sí incluyen medidas en materia de cambio climático y aduanas, subrayan que las medidas de contingencia no se aplicarán a Gibraltar y urgen a los gobiernos a evitar negociar acuerdos bilaterales con Londres. «Correríamos el riesgo de crear un terreno de juego desigual entre los Estados miembros», alerta la Comisión.