A la Comisión Europea se le ha terminado de nuevo la paciencia con Polonia. Hoy martes entra en vigor la reforma sobre el Tribunal Supremo de Polonia que forzará a un tercio de los jueces polacos a jubilarse, incluida su presidenta, Malgorzata Gersdorf, al rebajar la edad de retirada de los 70 a los 65 años. Una medida que a juicio del Ejecutivo comunitario pone en riesgo la independencia judicial en el país. Tras meses de diálogo y visitas infructuosas a Varsovia, Bruselas ha decidido lanzar el procedimiento de infracción con carácter de urgencia. La nueva ley polaca, que entra en vigor hoy mismo, rebaja la edad de jubilación de los 70 a los 65 años, lo que hará obligatoria la retirada de 27 de los 72 jueces que forman parte del Tribunal Supremo. La medida también se aplica a la presidenta del Tribunal cuyo mandato de seis años tendrá que concluir prematuramente, aunque no expiraba hasta el 2020. La legislación establece, no obstante, la posibilidad de que los jueces que deseen seguir en el cargo lo puedan hacer declarando al presidente de Polonia, Andrezj Duda, su intención, quien podría prolongar el mandato durante tres años, renovables una sola vez.

El problema es que ni hay criterios establecidos para que el presidente polaco decida prorrogar o no mandatos ni la posibilidad de que una vez tomada la decisión sea revisada por un órgano judicial. Por todo ello, la Comisión Europea «es de la opinión de que estas medidas minan el principio de independencia, incluida la irrevocabilidad de los jueces», anunció la Comisión en un comunicado en el que también advertía de que si entra en vigor la ley, Polonia estará incumpliendo sus obligaciones bajo el artículo 19 del Tratado.

Según Bruselas, pese a los innumerables encuentros celebrados en los últimos meses no ha habido resultados «satisfactorios» y el compromiso de las autoridades polacas de que el proceso estará supervisado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) no constituye una salvaguarda efectiva. «La opinión del CNJ no es vinculante y se basa en un criterio ambiguo. Es más, tras la reforma del 8 de diciembre del 2017, el consejo está compuesto por jueces nombrados por el Parlamento polaco, lo que no está en línea con los estándares europeos sobre independencia judicial.

Las autoridades polacas tienen ahora un mes para responder a la Comisión y solventar los problemas identificados. Si Varsovia no responde satisfactoriamente, el procedimiento podría terminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.