El primer ministro británico, Boris Johnson, no pierde un ápice de su flema cada vez que insiste en que los planes de una salida del Reino Unido de la Unión Europea se mantienen inalterables, independientemente de si se pactan las condiciones con Bruselas antes del 31 de octubre. Sin embargo, el dirigente ha mostrado casi tanto aplomo en rebatir las dudas de la opinión pública como en tratar de evitar que viera la luz un documento oficial en el que se describe el peor escenario, el de un divorcio no consensuado, y el impacto en cuestiones que van desde la seguridad hasta la economía de los hogares británicos. La perseverancia de la oposición forzó al mandatario a hacer público el contenido. Un vistazo a las cinco páginas del análisis, conocido como operación Yellowhammer, evidencia por qué el dirigente ha mostrado tanto celo para mantenerlo en el anonimato. Estas son las principales conclusiones.

DISTRIBUCIÓN

Un 60% menos de productos básicos

Las previsiones de Downing Street contemplan que hasta un 85% de los vehículos británicos de alto tonelaje no satisfagan los requisitos en las aduanas francesas, lo que comportaría una reducción «de entre el 40% y el 60%» en el intercambio de mercancías en el canal de la Mancha, principal vía por la que llegan los productos sanitarios a territorio británico. Un efecto nocivo que se produciría desde el primer día del divorcio, generando desavenencias hasta medio año después. La primera consecuencia sería una reducción en la provisión de artículos farmacéuticos, alimentos frescos y productos clave para el funcionamiento de la industria, como ingredientes y envases. Londres no vislumbra un escenario de desabastecimiento, pero sí un descenso notable de la oferta de dichos productos, «reduciendo la disponibilidad y la variedad».

SEGURIDAD

Tensión y problemas

de protección

Esa sensible reducción de bienes de consumo básico y la escasa elasticidad en términos de demanda haría inevitable un aumento de precios, generando una sacudida en las economías domésticas, especialmente dramática entre los «colectivos más vulnerables». Bajo esas condiciones, es muy probable que se incrementaran exponencialmente «las protestas ciudadanas, la tensión y el desorden público», una situación que obligaría a extremar las medidas de seguridad y a destinar «una cantidad importante de recursos policiales», pudiendo dejar bajo mínimos otros servicios que requieren protección oficial.

SUMINISTROS

Encarecimiento de

la luz y el gas

El informe no deja lugar a dudas en cuanto a un correcto funcionamiento de los suministros energéticos. «Se satisfará la demanda de energía y no se producirán interrupciones», describen los autores. No obstante, sí se esperan «aumentos significativos en el precio de la electricidad (tanto para los hogares como para uso comercial) que acarrearán amplios impactos en el ámbito económico y político», añade el documento. Ante esta evolución del sector, es probable que «algunas de las empresas participantes podrían optar por salir del mercado», agravando las consecuencias a afrontar por Gobierno y usuarios. También las colas de tráfico interfronterizas podrían afectar a la entrega de combustible, interrumpiendo los suministros en Londres y el sureste de Inglaterra.

GIBRALTAR

Esperas de 4 horas

para salir del Peñón

La operación Yellowhammer dedica un apartado íntegro a la situación que debería encajar Gibraltar tras un brexit abrupto. Los analistas pronostican interrupciones en el suministro de alimentos, medicamentos, mercancías en general e incluso en el manejo de residuos a causa de la instauración de controles aduaneros en la frontera con España. Una traba burocrática que dificultará la fluidez en el tránsito de personas y bienes, con demoras que superarían las cuatro horas «durante meses». Este nuevo escenario de retrasos cotidianos afectaría tanto a empleados como a turistas potenciales, por lo que tendría una repercusión «negativa» en la economía gibraltareña, que podría ver ralentizado su ritmo natural. El documento muestra un punto de autocrítica e incide en el estatismo de las autoridades del Peñón, a las que se acusa de falta de planificación a nivel de las infraestructuras afectadas y en lo que se refiere al marco normativo en vigor.

IRLANDA

Un elevado riesgo

legal y económico

Un brexit duro también afectará al normal desarrollo de servicios financieros transfronterizos, así como al intercambio de información entre cuerpos policiales del Reino Unido con estados miembros de la UE. En este sentido, se interrumpiría el flujo de datos personales con las autoridades de los estados comunitarios y, ante la ausencia de una base legal alternativa, la readecuación y normalización de esta dinámica requeriría de un proceso que duraría varios años. La más que probable reinstauración de «algún tipo de frontera» entre Irlanda del Norte (provincia británica) e Irlanda (Estado de la UE) puede derivar en una situación altamente compleja.