El brexit vuelve esta semana al Parlamento británico con tres votaciones en la agenda que pueden cambiar su rumbo. Retorna el debate entre el hastío de ciudadanos y clase política, cansados todos ellos de dar vueltas sobre el asunto sin avanzar un palmo. La decisión vuelve a quedar en manos de los diputados, con la casi certeza de que tampoco esta vez el Reino Unido saldrá del callejón tapiado en el que se encuentra desde hace casi tres años. Más cerca cada vez del suicidio que supondría una salida sin acuerdo, la ampliación de la fecha oficial del divorcio, fijada para el 29 de marzo, sería la única solución momentánea para evitar el harakiri de un país que ha perdido su legendario sentido práctico.

La primera ministra Theresa May someterá mañana por segunda vez a votación el acuerdo negociado por el Reino Unido con la Unión Europea. El pacto fue rechazado el pasado 15 de enero en la Cámara de los Comunes, por un margen de 230 votos, la mayor derrota sufrida por un gobierno en la historia británica. La causa, ya sabemos, es el backstop, la salvaguarda sobre la frontera entre la República y el Norte de Irlanda.

Desde aquella fecha, May y su equipo han mantenido «discusiones técnicas» con los funcionarios en Bruselas, intentando modificar los términos del mecanismo, tal y como exigen unionistas norirlandeses y euroescépticos. El Gobierno pretende conseguir garantías legales de que esa salvaguarda tendrá una fecha límite, algo rechazado de plano por la UE. May y los suyos no han hecho progreso alguno, lo que permite anticipar que el acuerdo será nuevamente derrotado. Según The Sunday Times, el apoyo de algunos parlamentarios al pacto está condicionado a que May abandone el cargo en junio.

«Si los diputados rechazan el acuerdo no habrá nada seguro. Se abrirá una crisis. Los diputados tendrán que elegir inmediatamente entre otras posibilidades», ha advertido la premier, dirigiéndose tanto a sus propios diputados, como a la UE, tratando que unos y otros hagan concesiones. Si el rechazo se confirma, la primera ministra ha prometido un voto el miércoles para aprobar si el Reino Unido puede dejar la UE sin acuerdo. En caso de que los diputados se opongan a esa posibilidad, el jueves habrá una tercera votación para autorizar la ampliación del plazo de salida, petición que May deberá plantear a Bruselas.

Nada en el brexit es fácil. La ampliación tendría sus problemas. Dos líderes de los partidarios del brexit duro, el conservador Steve Baker y el unionista del DUP Nigel Dodds, advertían del «daño incalculable» que supondría para la confianza del público en la política un retraso. La propia primera ministra detesta la idea de una extensión del artículo 50, «que no va a resolver los problemas actuales y corre el riesgo de crear otros nuevos». Finalmente ha debido aceptar esa opción, forzada por los miembros proeuropeos de su gabinete, tachados de «traidores» por sus colegas euroescépticos.

May ha especificado que se trataría en todo caso de un periodo, «breve y limitado», algo que en realidad está por ver. Tampoco en este caso hay acuerdo sobre el periodo de la prórroga. Debe en todo caso ser aprobada por los países de la Unión Europea y algunos como Francia, han mostrado ya sus reticencias.

La pregunta de Europa es para qué serviría dar más tiempo a unas discusiones totalmente agotadas. El bloqueo puede desembocar en la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Tampoco es descartable la celebración de un nuevo referéndum y dejar la decisión en manos de los votantes. Esa opción carece sin embargo, por el momento, de mayoría suficiente en el Parlamento, si bien el Partido Laborista está dispuesto a apoyarla, no sin controversia entre sus miembros.