Jair Bolsonaro no pudo contener la bronca acumulada durante una semana de desaciertos y pidió a los brasileños que hagan pagar a los senadores que revocaron un decreto del presidente que busca aliviar las leyes que restringen la posesión de armas. Bolsonaro cree en la salvación personal a través del uso de las pistolas en un país con 70.000 homicidios al año, la mitad de ellos provocados por disparos. Pero el malestar del excapitán del Ejército excede el debate sobre el derecho a estar armado hasta los dientes. Bolsonaro ha tenido esta semana quizás los peores días desde que comenzara su mandato, hace seis meses. La semana que acaba de concluir comenzó con el Morogate, como se conocen las filtraciones de la causa que llevó a prisión a Luiz Inacio Lula da Silva, y concluyó el viernes con la primera huelga general.

La protesta contra la reforma de las pensiones se hizo sentir especialmente en Río de Janeiro y Sao Paulo. La capital paulista, el motor económico de Brasil, se vio el viernes sacudida por una multitudinaria manifestación pocas horas antes de que comience a escasos kilómetros la Copa América de futbol. El movimiento obrero ha prometido mayores acciones para frenar una iniciativa que tienes sus propios problemas para avanzar en el Congreso. Ya el pasado 15 de mayo una multitud salió a las calles para protestar contra los recortes del presupuesto educativo. La reforma de las pensiones calca que el modelo puesto en marcha en Chile a finales de los años 70 por la dictadura del general Augusto Pinochet.

La popularidad de Bolsonaro cae de manera inexorable. En enero era del 60% pero ahora se ubica en el 34%. El exmilitar llegó al poder con una inédita confesión: "no sé nada de economía". Le dejó el timón a Paulo Guedes, formado en el Chile de Pinochet, pero con enemigos visibles dentro de la misma estructura de poder. Pero el malestar social tiene una razón mayor: durante el primer trimestre del 2019 el PIB ha caído un 0,2% y no se vislumbran perspectivas de mejorar en lo que resta del año.

GOBIERNO A LA DERIVA

La ultraderecha llegó al Gobierno con un propósito restaurador que pierde impulso con el correr de los días. Otra prueba de la deriva del bolsonarismo se hizo patente el pasado jueves cuando fue destituido el general Carlos Alberto dos Santos Cruz al frente de la Secretaría de Gobierno. Se trata del tercer ministro caído en desgracia en medio año. Dos Santos había tenido roces con los hijos de Bolsonaro y los sectores más radicales que siguen a pies juntillas las enseñanzas del gurú conservador Olavo de Carvalho. Santos Cruz fue reemplazado por otro general, Luiz Ramos Baptista Pereira.

No faltan los analistas que se preguntan si Sergio Moro, el actual ministro de Seguridad, deberá salir del Gobierno. Moro ha quedado en muy mala posición después de que se conocieran las conversaciones del entonces magistrado con el fiscal Deltan Dallagnol en el marco de la causa que buscó demoler la figura de Lula y sacarlo de la carrera electoral que benefició a Jair Bolsonaro. Los intercambios entre la parte acusadora y la que imparte sentencia, están prohibidas por la Constitución y el Código Penal. Según Jornal do Brasil, la divulgación de conversaciones entre autoridades de la causa Lava Jato "abrieron espacio para críticas al modelo de investigación" que llevó a la cárcel al exmandatario. Su defensa ahora quiere anular aquel juicio por corrupción. Lula siempre dijo que fue condenado sin pruebas en su contra.

MÁS CRÍTICAS

Bolsonaro se topa con muchos frentes en pocos días. El viernes pasado, el Tribunal Supremo Federal (STF) emitió un dictamen relevante al criminalizar toda expresión de homofobia. Pero el excapitán, quien antes de llegar al Gobierno dijo preferir tener un hijo muerto antes que gai, criticó el pronunciamiento de la máxima autoridad judicial. Según Bolsonaro el decreto del STF dificultará la contratación de homosexuales por parte de las empresas. Un estudio de la consultora McKinsey, considerado la Biblia en materia de diversidad en las empresas y citado por Folha de San Pablo, consigna que que las compañías con alta variedad de géneros, etnias y orientación sexual en sus equipos son un 33% más propensos a tener mayor rentabilidad.